Como marco de sus relaciones con Guatemala, la Comisión Europea va a elaborar el Documento de Estrategia de País –2007-2013-, que define sectores de intervención a partir del análisis de la situación de la región, de las prioridades y acciones del Gobierno, de las políticas relevantes de la UE así como la acción de la cooperación internacional.

En primer lugar, CIFCA felicita a la Comisión Europea por el esfuerzo novedoso que está realizando en el proceso de elaboración de documento de estrategia con el país. En concreto nos congratulamos de la celebración de los cuatro talleres de consulta con la sociedad civil guatemalteca y europea. Sin lugar a dudas, éste es un precedente importante para inaugurar una práctica de transparencia y mayor motivación a la participación de la sociedad civil sobre temas que le conciernen directamente. Esperamos que todos los aportes de la sociedad civil sean analizados con detenimiento y tomados en cuenta. Sin embargo, quisiéramos compartir con ustedes algunas observaciones a las consultas a partir de las informaciones de nuestras contrapartes y algunas de nuestras organizaciones con presencia en el país.

El principal obstáculo al que se enfrentó la sociedad civil fue la falta de información y documentación oportunas y la ambigüedad de los objetivos de la consulta. Creemos que se debió a un error de metodología en la planificación y desarrollo de consulta, lo cual repercutió directamente en la calidad de la participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas.

En numerosas ocasiones, hemos reiterado la necesidad de un diálogo de calidad y contenido con la sociedad civil europea y guatemalteca, para ello les invitamos a que en futuras ocasiones se tengan en cuenta determinadas medidas que podrán asegurar una mejor calidad como por ejemplo, el envío de la documentación con anticipación necesaria, fijar objetivos específicos de las consultas y formalizar conjuntamente mecanismos de seguimiento a las consultas.

Cifca a través de este informe desea compartir con la Comisión Europea, con la delegación en Guatemala y con los gobiernos de la Unión Europea una reflexión sobre la nota conceptual, así como insistir en algunas propuestas de cara a la futura estrategia con Guatemala, 2007-2013.

A continuación, se detallan comentarios en relación al tratamiento de algunos de los temas que desde nuestra red resaltamos como de medular importancia, y que aparecen insuficiente o débilmente tratados en el la nota conceptual para Guatemala

1- Análisis sobre el diagnostico de Guatemala. 2- Análisis sobre las propuesta de estrategia CE para el año 2007-2013. 3- Propuestas de CIFCA.

1. Análisis sobre los desafíos de Guatemala para fortalecer la Cohesión Social.

El esfuerzo realizado para realizar un análisis sobre distintos sectores prioritarios en Guatemala en si es un ejercicio complejo con numerosos factores a tener en cuenta. En CIFCA valoramos como positivo el ejercicio iniciado por la Comisión Europea, y reconocemos la complejidad del mismo.

En general el análisis realizado en la nota de concepto sobre los desafíos de Guatemala para fortalecer la cohesión social son meramente descriptivos, sin profundizar sobre las causas de los problemas estructurales del país, que en gran parte hubiesen sido resueltos si se hubiesen cumplido a cabalidad los acuerdos de paz. La falta de desarrollo de este enfoque nos preocupa, ya que los compromisos asumidos hace casi 10 años, para ponerle fin al conflicto armado, como lo ha reiterado la Unión Europea, son compromisos de Estado, que deben ser realizados independientemente de la orientación ideológica o política del gobierno de turno. Es por ello que queremos compartir con ustedes algunas propuestas, que podrían contribuir a orientar de manera más beneficiosa los programas de cooperación, en concreto en materia de derechos humanos, defensores de derechos humanos, el desarrollo rural y la situación de los pueblos indígenas de Guatemala.

1.1 Derechos Civiles y Políticos.

El diagnóstico realizado en la nota de concepto sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, no resalta cómo es debido el drama de la impunidad, aunque se recuerde los más de 40 mil niños que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, hubo prácticas genocidas contra comunidades indígenas cuyos promotores o perpetradores, siguen gozando no sólo de libertad, sino de importante poder político y económico en una transición democrática que no termina de cuajar, porque la institucionalidad está más al servicio del statu quo que del bienestar general. ¿Cómo no resaltar que en América Latina se han ido rompiendo los círculos de impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, menos en Guatemala, donde se cometieron más violaciones de derechos humanos, que en todas las dictaduras del continente sumadas, tanto aritmética como proporcionalmente considerados?.

Por tanto, no es suficiente el corroborar que los crímenes de hoy no son los mismos del pasado, cuando la impunidad hace pender sobre la cabeza de las instituciones y del pueblo de Guatemala, cual espada de Damocles la represión legal o ilegal frente a los que reclaman justicia o quisieran dar pasos hacia la consolidación de un estado de derecho en el país. Si bien reconocemos ciertas mejorías en la promoción y protección de los derechos humanos, vemos con extrema preocupación las fracturas crecientes en la gobernabilidad democrática.

En Guatemala persisten violaciones a derechos civiles y políticos y se profundizan las violaciones a los derechos sociales, económicos, culturales, derechos colectivos y, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en asunto rutinario. El poder judicial es prácticamente inoperante, sólo actúa con prestancia para ordenar desalojos o criminalizar a los dirigentes populares. El estado de derecho es precario, mientras las injusticias de todo orden, se profundizan.

1.1.1 Lucha contra la impunidad.

En el análisis realizado por la Comisión Europea se afirma que “..la justicia en Guatemala en su conjunto esta considerada por la opinión publica como ineficiente , opaca y corrupta” (pag. 3).

La tasa de criminalidad es alarmante, frente a la cual la respuesta del sistema de justicia y de las entidades encargadas de la seguridad pública en la promoción de causas penales contra dirigentes populares o indígenas, o en las amenazas o allanamientos contra los mismos o defensores de derechos humanos, muestra una mentalidad no superada, de responder al conflicto social con represión.

Son numerosos los señalamientos contra funcionarios públicos involucrados en actividades ilegales y cooperando con la criminalidad organizada para asegurar la impunidad de sus actos, sin que se produzca una depuración profunda del Estado.

Cuando la impunidad es la regla, es la fuerza y no el derecho, la que efectivamente gobierna. Los ciudadanos no creen en la justicia para contribuir a resolver los conflictos y prevenir el crimen, lo que trae graves consecuencias para la construcción del Estado de Derecho. La ausencia de justicia por parte del Estado provoca graves problemas sociales como los linchamientos, venganzas personales, vandalismo, delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción, entre otros fenómenos, como la creciente cifra año tras año del asesinato de mujeres.

Según información facilitada por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala durante el año 2004 fueron asesinados en Guatemala 4970 personas, de las cuales 497 fueron mujeres, muchas de las cuales fueron violadas. En la base del análisis de las causas estructurales debemos incluir la violencia generalizada, la falta de políticas claras de seguridad ciudadana que coloquen énfasis en la prevención y no en la represión, el crimen organizado y, la existencia de cuerpos ilegales y grupos clandestinos.

En la nota de concepto se afirma en la pagina 3 “ Esta situación (en relación al sistema de justicia) es difícil sino peligrosa para los defensores de derechos humanos , y también para los propios operadores de justicia, quienes, en este contexto de impunidad, son vulnerables ante presiones, injerencias y amenazas”.

1.1.2 Defensores de Derechos Humanos.

La situación de los defensores de derechos humanos es de extrema preocupación. A lo largo del año pasado y del presente ha habido un empeoramiento de su situación. En el 2004 el Movimiento de Derechos Humanos, a través de su unidad de defensores documentaron 122 ataques contra defensores y hasta el mes de mayo de 2005 se habían reportado 76 ataques más.

Estos ataques van desde la difamación pública directa e indirecta promovida por el propio Presidente Oscar Berger, hasta la falta de protección por parte del Estado a defensores amenazados o atacados presuntamente por poderes paralelos, y en este marco también, la exposición completa de los defensores a la impunidad.

Los grupos de defensores más expuestos a todo tipo de violaciones de sus derechos han sido los involucrados en procesos sociales, políticos y judiciales por los crímenes durante el conflicto armado, los defensores involucrados en el combate a la corrupción y la violencia en el marco de poderes paralelos o aparatos clandestinos ligados a intereses mafiosos o del crimen organizado.

De otra parte, desde la elección del Gobierno del Presidente Berger ha habido un aumento significativo de desalojos violentos de campesinos, en que los intentos previos de buscar soluciones pacíficas o negociadas fueron en la mayoría de los casos ignorado. Vemos con preocupación que otro sector cada vez más perseguido son aquellos dirigentes, que se oponen a proyectos de explotación minera en el campo, así como los incipientes intentos de organización sindical en algunas maquilas.

Consideramos que una base imprescindible para un cambio duradero de esta situación hacia un desarrollo sostenible, más justo, más equitativo, más participativo en Guatemala es la actuación libre y cualificada de los defensores de derechos humanos , así como la participación activa en las decisiones públicas de todos los sectores sociales, en particular aquellos tradicionalmente excluidos. Es por ello que invitamos a la Comisión Europea a realizar un análisis mas exhaustivo de la actual situación de los derechos humanos,

No ignoramos que la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas han hecho esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia local y para que se depure la fuerza pública. Sin embargo los resultados han sido insuficientes. Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de lucha contra la impunidad; así como la cooperación técnica y económica no han logrado contribuir a que se disminuya los índices de impunidad.

Por tanto cualquier propuesta de nueva de estrategia de cooperación y/o de diálogo político con Guatemala debe responder a las siguientes preguntas:

¿Qué ha podido hacer mejor la UE en su diálogo político y cooperación para evitar que señalados responsables de haber patrocinado crímenes de lesa humanidad contra sindicalistas, académicos, periodistas, entre decenas de miles de dirigentes populares y, genocidio contra comunidades indígenas, sigan ocupando altas responsabilidades públicas o utilizando a su antojo o favor las instituciones, sobre las que debería afianzarse la democracia?

1.2 Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con preocupación vemos que la nota conceptual para Guatemala no aborda como corresponde la problemática del mundo rural, sino soslayadamente en el capítulo de desafíos sociales y pueblos indígenas. Esta falta de análisis se contradice con las propuestas de la Comisión Europea de promover una política de desarrollo rural y seguridad alimentaria como ejes prioritario de la cooperación.

De los 11 millones de habitantes de Guatemala casi 6 millones están viviendo en una situación de pobreza. Las cifras recientes de la FAO demuestran que el porcentaje de la población que sufre de desnutrición subió en la última década del 16 % en 1992 al 25% en el 2001. Significa que en ese período el número de las personas quienes no tienen acceso a una alimentación adecuada, aumentó de 1,4 millones a 2,9 millones, un aumento de más de cien por ciento en diez años (FAO:2003:33).

La brecha entre el medio rural y el medio urbano se ha agudizado en los últimos años, habiendo aumentado la pobreza extrema en el medio urbano del 2.8% al 4.9% entre 2000 y 2002, mientras que en el medio rural la pobreza extrema aumentó del 23.8% al 31.1% .Son siempre los más vulnerables, como los niños, los que sufren aún más de hambre y desnutrición: En el año 2002, la mitad de los niños del medio rural sufrió de desnutrición crónica y microsomia. Y entre ellos, la desnutrición afectó de forma particular a los niños indígenas, de los cuales el 69 % sufrió de desnutrición crónica (PNUD 2003:13).

La falta de acceso a la tierra sigue siendo una de las principales causas de la pobreza, del hambre y de la desnutrición que sufre gran parte de la población guatemalteca. Aunque el desequilibrio de la distribución de tierra haya sido una de las causas del conflicto armado, la concentración de tierra sigue siendo una de las más desproporcionadas del mundo. Las cifras del año 2003 muestran una vez más el creciente proceso de concentración de la propiedad territorial en pocas manos y el número en descenso de las pequeñas propiedades. El 56.59% de la tierra de uso agrícola se encuentra en manos de sólo un 1.86% de la población. Hay 47 fincas de 3,700 hectáreas o más, mientras que el 90% de los productores sobrevive con un promedio de 1 hectárea (INE 2004:20).

El tema del desarrollo rural, en particular el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación, es uno de los temas claves y no cumplidos de los Acuerdos de Paz..

En este sentido, felicitamos a la Comisión Europea que a través de la respuesta oficial del Sr. Duplá del Moral a la comunicación de CIFCA de abril de 2005, enfatiza en la necesidad de que se convoque el Grupo Consultivo para debatir sobre los programas de reforma del gobierno, como la reforma agraria.

De otro lado CIFCA, reconoce la importancia de que la Comisión Europea incluya el tema de los pueblos indígenas en la definición de los desafíos del país para fortalecer la cohesión social.

1.3 Derechos de los Pueblos Indígenas

La población indígena guatemalteca (Maya, Xinca) y afrodescendientes (Garífuna) constituye aproximadamente un sesenta por ciento de la población guatemalteca, sin embargo han sido históricamente oprimidos y sistemáticamente excluidos. Desde 1996 el año de la firma de los Acuerdos de Paz, hay una institucionalidad y diversidad de nuevos espacios para la participación de los pueblos indígenas, sin embargo la existencia formal de marcos políticos y jurídicos que reconocen dicha participación en la toma de decisiones no ha garantizado una voluntad política para implementar acciones que transformen la realidad de los pueblos indígenas. Hay un vacío de acciones políticas, administrativas y de apoyo financiero para cumplir con los fines y objetivos de esta institucionalidad y de las leyes aprobadas.

Guatemala es uno de los países con mayor concentración de riqueza (UNOPS 2000:47), donde la geografía de la pobreza coincide casi exactamente con la territorialidad indígena. Estas asimetrías se intensifican con la discriminación racial que ha determinado la segregación social, cultural y política de los indígenas, sus reducción a las regiones más desfavorecidas en términos agronómicos y la explotación de su trabajo para la consolidación de los latifundios y la construcción de las obras de infraestructuras que permitieron su crecimiento.

En Guatemala los recursos comunes no sólo han sido un factor decisivo en la conservación, sino también constituyen una mecanismo de identidad comunitaria. La fragmentación y la pérdida de las tierras comunitarias afecta a las organización y las relaciones sociales en las comunidades indígenas, provoca la sobre explotación de los recursos naturales, el deterioro de sus sistemas tradicionales de producción y las migraciones laborales en condiciones infrahumanas, tanto al interior como de manera ilegal a otros países. Por este razón se necesita una reforma agraria integral que integre la cosmovisión indígena.

En este contexto también se necesita mencionar que la industria minera está ocupando los últimos años cada vez más tierras cultivables. Y también el impacto de la extracción petrolera sobre los sistemas de aguas está afectando en ciertas regiones (sobretodo en el norte del país) de manera negativa un aumentando superficie de tierras cultivables así como cada vez más afecta los bosques tropicales, la fuente principal de la biodiversidad del país. Por fin, también la deforestación irracional en todos las partes del país esta causando una erosión de nivel alarmante que también esta afectando las tierras cultivables.

Es importante de tomar en cuenta en una tal política los efectos de la globalización sobre los pueblos indígenas, en particular con respeto a sus derechos sobre territorios, recursos naturales y derechos de propiedad intelectual sobre técnicas y conocimientos colectivos tradicionales.

Es útil también de recordar en este contexto el papel que jueguen los pueblos indígenas y comunidades locales tradicionales en la conservación y protección de la biodiversidad, incluido la biodiversidad agraria, como reconocido en el Convenio sobre la Protección de la Diversidad Biológica (1992), así como la necesidad de crear mecanismos de remuneración adecuada para que los pueblos y comunidades puedan continuar jugando ese papel.

El Convenio 169, siendo el único instrumento internacional vinculante que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y que ha sido ratificado por Guatemala, debe ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los pueblos indígenas.

Por último sobre este aspecto, destacamos la apreciación de la Nota Conceptual : “…la participación especialmente en la toma de decisión política ha estado restringida a unos cuantos grupos que tienden a estar dominados por hombres no indígenas. La poca presencia de representantes indígenas así como de diputadas en el Congreso ilustra las limitaciones persistentes en los mecanismos de representación de las mayorías a nivel político” (pág. 3)

¿Cómo podría traducirse esta preocupación en un programa de cooperación estratégico que promueva la participación política indígena para que la democracia sea incluyente? ¿ Cómo hacerlo respetando el derecho de las comunidades indígenas a su autodeterminación? Definir un proyecto sectorial al respecto, debe contar con la participación de las comunidades indígenas desde el inicio, para que ellas mismas definan sus prioridades y mecanismos de implementación.

2. Análisis sobre las propuestas de estrategia CE para 2007-2013.

Si bien sobre los desafíos de Guatemala para hacer avanzar la cohesión social se destacan las problemáticas más importantes, nos preocupa que los ejes de cooperación propuestos son insuficientes para promover su aplicación.

Se enuncia en la Nota que “El postulado general de la futura Estrategia país es colaborar en el mejoramiento de la cohesión social de la sociedad guatemalteca, contribuyendo a la disminución de la pobreza, de la inequidad social, y de la exclusión social, por una parte y por otra parte, a la integración positiva de Guatemala en la economía mundial, utilizando la integración regional como plataforma de consolidación de la gobernabilidad y generación de eficiencias, competitividad y capacidad de negociación.” Pag. 9.

Nos parece muy importante que la Comisión Europea incluya el tema de la integración regional y cohesión social como objetivos de la futura cooperación. Sin embargo al estudiar detalladamente los ejes propuestos, observamos con preocupación como la cohesión social se supedita a la integración económica.

En la Nota Conceptual dentro del rubro A2 “promoción de la inserción económica regional e internacional”, encontramos incluidos el sector de la educación, la promoción del desarrollo rural y local integral y la estrategia de seguridad alimentaria, sin embargo el primer aparte destaca el “fomento de las condiciones necesarias para aumentar de forma sostenible la competitividad de las empresas privadas guatemaltecas…”. Luego sobre educación se habla de la “formación en especial de la capacidad técnica… reforzando así el capital humano en un marco de mayor competitividad”.

Dados los problemas de Guatemala y considerando que la población es mayoritariamente indígena y, que está principalmente concentrada en el campo, promover la competitividad no debería ser una prioridad.

El eje sectorial principal debería ser la cohesión social a partir de contribuir a implementar una estrategia de seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible, con la participación de las comunidades indígenas. Si bien en la Nota Conceptual el tema de los derechos de los pueblos indígenas y su participación es considerada como una necesaria intervención transversal para promover la cohesión social, insistimos que la nueva estrategia 2007-2013, considere este eje como prioritario.

La propuesta presentada por la CE “mejoramiento de la gobernabilidad .. a través de la promoción y protección de los derechos humanos, así como el fortalecimiento del sistema de justicia”, que si bien debe ser transversal a la cooperación y el diálogo político, por todo lo expuesto debe constituir un eje principal en sí mismo para la estrategia 2007-2013.

Sin lugar a dudas, una preocupación constante relatada en el análisis realizado por la CE en el apartado de desafíos para el país, anteriormente comentada, es la situación actual de los derechos humanos, la precariedad del Estado de Derecho y la impunidad reinante en el país.

En contradicción con este análisis, los derechos humanos aparecen como un tema transversal y poco definido en la futura estrategia de cooperación de la UE con el país. El respeto, la protección, la garantía y la realización de los derechos humanos integralmente considerados son la base esencial para la consolidación de la cohesión social, la paz duradera y el desarrollo sostenible.

En la medida que se propicie una democracia participativa se podrá reforzar el rol de corresponsabilidad de la población organizada en distintos niveles, a través de mecanismos que hagan posible la participación en la formulación de políticas que contribuyan al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Contar con mecanismos de participación de la sociedad civil organizada resulta indispensable no sólo para el monitoreo y evaluación de las políticas de cooperación, sino además para incidir efectivamente en la formulación de políticas públicas que favorezcan una verdadera consolidación democrática y una paz duradera.

El mesodiálogo ha sido un buen ejercicio, que debe profundizarse a partir de involucrar más decididamente a los movimientos sociales y ongs en todo el escenario del diálogo político y la cooperación. Debe evaluarse sus límites y posibilidades, pero debe estimularse que en la nueva programación para la cooperación, sea un escenario real de interlocución, para discutir propuestas como la del apoyo presupuestario, que a nuestro juicio es por el momento improcedente, dadas las fracturas de la gobernabilidad democrática.