Sector prioritario: Apoyo a la integración regional¿Qué Integración queremos impulsar en la región?:

¿Qué integración queremos impulsar en la región centroamericana? Esta pregunta genera un debate sobre los diversos factores interrelacionados que deben tenerse en cuenta, sin embargo todos estamos de acuerdo que la integración social, política y económica centroamericana debe ser un medio para el desarrollo, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el fin de la impunidad y el desarrollo socio-económico en la región.

La consolidación democrática en la región, y la estabilidad macroeconomía alcanzada en los últimos diez años, marcarían un importante avance en el desarrollo de América Central. Sin embargo subsisten problemas estructurales en la región que nos muestran la debilidad del modelo así como dudas sobre su sostenibilidad. En este marco, lamentamos que el proceso de integración centroamericana no haya avanzado tanto como debiera, fundamentalmente porque los pueblos de Centroamérica no se lo han apropiado y, sólo ven al respecto, complejas estructuras burocráticas, que no responden a sus necesidades.

Es por ello que nos llama la atención el énfasis adoptado por la Comisión Europea en la nota de concepto para América Central. Con preocupación observamos que los principios rectores de la estrategia a definir son eminentemente económicos y en menor grado políticos, sin priorizar en la misma medida la integración social en la región.

En la pagina 10, apartado 5.2, se afirma que “el objetivo principal de la estrategia regional es apoyar el proceso de la integración política, económica y social en el contexto de la preparación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”. En esta misma página se afirma que “la cohesión social, que sería el telón de fondo de estos esfuerzos, sería operacionalmente desarrollada en las estrategias nacionales”.

Felicitamos a la Comisión Europea por la inclusión del tema de Integración Social y Cohesión Social en los objetivos de la futura cooperación. Sin embargo al estudiar detalladamente los temas a ser considerados dentro del marco de integración regional estos conceptos no son más que simple retórica. Lamentamos que se haya dado un énfasis especial, por no decir casi total, en la integración al aspecto económico o comercial. Sin duda que el aspecto económico es importante, pero frente a pueblos mayoritariamente afectados por la exclusión y la pobreza, el que no haya una real política social de integración, condenará dicho proceso al fracaso.

En CIFCA insistimos para que en las futuras relaciones de la UE con la región, se le de la misma importancia a la integración social y política como a la integración económica , tanto en el diálogo político como en la cooperación para promover la paz, la democracia, el pleno respeto de los derechos humanos, los Estados de Derecho, la erradicación de la pobreza, el reconocimiento de la riqueza multiétnica y pluricultural de la región y, en particular el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a favor de los sectores o comunidades tradicionalmente excluidas.

Por ello, invitamos a un replanteamiento del enfoque de las estrategias de cooperación para la región para los años 2007-2013. La Integración Social no debe tratarse como un tema transversal de las políticas de cooperación, tal y como sugiere la nota de concepto (página 10), sino que debe ser una línea estratégica en sí misma, con unos montos de cooperación equivalentes a los montos dedicados al fortalecimiento de la integración económica.

La demanda de una dimensión social del SICA es inherente al progresivo logro de una cohesión que sea resultado de una mejora sustantiva del reparto de la riqueza y de la renta, así como de la superación de las discriminaciones por género, origen racial o étnico. Es urgente concretar esta dimensión en políticas regionales concertadas que complementen e impulsen las políticas nacionales igualmente sociales por una razón de principios como es la justicia social y por una razón política práctica: sólo la vertebración social en el progreso y el bienestar hará que las mayorías de la región se sumen al proceso de integración regional desde la identificación con sus valores y propósitos.

De la definición de los objetivos principales de la estrategia regional, se deduce que todos los esfuerzos que va a realizar la Comisión Europea en la región, van a estar orientados a la obtención de un Acuerdo de Asociación, donde se incluye un Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones. Llegados a este punto, nos preguntamos por qué la UE enfoca su cooperación al desarrollo para la obtención de un Acuerdo, que según la orientación ya establecida en el Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación, firmado el 15 de diciembre de 2003, no reconoce las asimetrías entre las dos regiones y prescinde de la cláusula de favorabilidad para los pueblos centroamericanos.

Queremos llamar la atención sobre el Comunicado de la Comisión Europea de abril de 2001 sobre Prevención de Conflictos , donde se subraya con especial énfasis el fracaso del libre comercio como herramienta de desarrollo:

“El comercio internacional no está consiguiendo salvar la distancia existente entre los que se benefician del mismo y los miles de millones de personas abandonadas en medio de la inmundicia y la miseria. En la actualidad, el tráfico de estupefacientes es una industria mayor que la del hierro y el acero o la del automóvil. La lista de horrores es larga y cada vez lo está siendo más: tráfico de personas, sobre todo de mujeres; degradación del medio ambiente; delincuencia transnacional; proliferación de armamentos, tanto pesados como ligeros; propagación del SIDA y de otras enfermedades”. (Pág. 6).

1.1 ¿Participación de la sociedad civil en el proceso de integración.?:

El documento de nota de concepto, en la definición de las políticas de cooperación se afirma “Asimismo, la plena participación de los actores no-gubernamentales estará asegurada en el mismo proceso”. CIFCA felicita a la Comisión Europea por dicho enfoque, sin embargo lamentamos que no se precise exactamente los mecanismos de participación de la sociedad civil, y si esta sería involucrada en todo el proceso de definición, implementación y evaluación de los programas de la cooperación de apoyo a la integración social, política y económica de Centroamérica.

En numerosas ocasiones, hemos reiterado que la participación de la sociedad civil en el proceso de Integración Centroamericana es condición necesaria para que dicho proceso pueda gozar de apoyos sociales y se erija como proyecto incluyente de todos los sectores sociales. La participación activa de la sociedad civil es vital para la vertebración social, el avance en la equidad social, la prevención de conflictos, la lucha contra la delincuencia y la marginación.

A su vez, hemos insistido en que es necesario propiciar claramente mecanismos de participación de todos los actores y sectores sociales sin discriminación alguna. CIFCA reconoce las competencias de los organismos institucionales de consulta social de ambas regiones el CCSICA y el CESE, sin embargo no considera que éstos representen todo el entramado de la sociedad civil organizada y por tanto debe procurarse formas de institucionalización del diálogo más abiertas e incluyentes.

2. Apreciaciones generales: Aportes de CIFCA sobre el análisis realizado por la Comisión Europea. :

CIFCA valora como positivo los esfuerzos realizados para analizar los desafíos a medio plazo de América Central, sus relaciones con la UE, y esbozar ideas para la preparación de la estrategia de cooperación de la CE.

Compartimos el análisis que realiza la Comisión Europea sobre los obstáculos a los que se enfrenta actualmente Centroamérica para incrementar su nivel de desarrollo.( pag. 4, punto 2.1). Sin embargo, queremos profundizar en algunos aspectos que no han sido nombrados en el texto o se ha realizado un análisis poco profundo.

CIFCA está profundamente preocupada por el déficit democrático y social reinante en la región. Los grandes desequilibrios socioeconómicos en la región, la ausencia de compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos integralmente considerados, la problemática creciente de impunidad y las dificultades para alcanzar una gobernabilidad democrática.

La democracia es frágil no sólo porque casi todos los estados de la región no responden a las necesidades de la población, sino porque además algunos gobiernos criminalizan la protesta social y estigmatizan la defensa de los derechos humanos, especialmente en Honduras, El Salvador y Guatemala.

En esta misma línea, mostramos nuestra preocupación sobre la impunidad en la región frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, que es casi total, atentando contra la consolidación de los estados de derecho y la paz social. Los avances en la gobernabilidad democrática son precarios al profundizarse el conflicto y violencia de carácter social y al perder cada vez mayor legitimidad la intermediación de los partidos tradicionales.

Compartimos la preocupación de la Comisión Europea sobre la fragilidad económica y débil cohesión social que sufre la región, como obstáculo al desarrollo. En ese sentido, consideramos que existen ciertos sectores en América Central que ameritan de una atención especial porque si bien su naturaleza puede ser entendida como una fuente a mediano plazo de estabilidad económica, su situación actual es de extrema preocupación, nos referimos en concreto a la población dedicada a la agricultura, una gran parte de ella indígena.

Los países centroamericanos son básicamente agrícolas, con una población económicamente activa (PEA) dedicada a la agricultura que varía del 28 al 54%. Existe un sector agrícola tradicional, con bajo nivel de tecnología y trabajo intensivo, orientado al autoconsumo, que comprende un gran segmento de la población, con bajos ingresos monetarios y un sector agrícola no integrado, con alta capitalización y tecnología, orientado al comercio exterior, que demuestra un estancamiento en cuanto a su capacidad de absorción de la fuerza de trabajo. Los niveles de desempleo son superiores al 20%, situación laboral que se manifiesta en el estado de pobreza de la población rural.

El modelo de desarrollo adoptado en la subregión reproduce el sistema de plantación de la época colonial, siendo los principales sectores de crecimiento agrícola los relacionados con el mercado exterior, en beneficio de las clases más altas de la población rural, quedando rezagadas las economías campesinas (pequeños y medianos agricultores) y los cultivos destinados a la alimentación de los campesinos. Aparece así una estructura agraria dualista, en la que un número reducido de grandes explotaciones dedicadas a monocultivos industriales de exportación ocupa las mejores tierras y desplaza a los pequeños agricultores y campesinos sin tierra hacia terrenos de escasa vocación agrícola. Frente a la alta concentración de tierras existe un aumento en el número de minifundios.

La gravedad del modelo adoptado de desarrollo agrícola viene acompañado por otros problemas estructurales que afectan en el disfrute de varios derechos. Queremos llamar la atención especialmente sobre el disfrute de los derechos laborales.

En la región centroamericana la problemática de los derechos laborales esta fuertemente relacionada con los altos niveles de desempleo y sub-empleo, así mismo con una creciente población económicamente activa que desconoce sus derechos laborales. La situación de la población trabajadora no es halagüeña y las propuestas de integración regional e incorporación de las economías a los mercados globales no evidencian cambios positivos debido a que las especulaciones sobre la generación de “más y mejores empleos” carecen de sustento en estudios técnicos que evalúen la destrucción de fuentes de empleo versus la generación del empleo más la calidad de los mismos.

Los países centroamericanos cuentan con una legislación laboral pero en muchos casos la debilidad de la institucionalidad encargada de promover su cumplimiento repercute en que el sector productivo aplique discrecionalmente esta legislación en detrimento de los derechos del sector laboral .

CIFCA lamenta que en la nota de concepto exista una ausencia absoluta de análisis sobre estos aspectos y en particular sobre la situación de los pueblos indígenas, su rol en la promoción del desarrollo y en la promoción de la cohesión social en la región. La población indígena constituye hoy en día aproximadamente de 8.2 millones de habitantes, en 47 pueblos indígenas, lo que constituye el 25 % de la población total centroamericana, población víctima de los más altos niveles de segregación y exclusión, frente la cual el reconocimiento de la multiculturalidad no va más allá de los catálogos para atraer turistas .

Debemos resaltar el impacto de la política internacional ambiental sobre el hábitat de los pueblos indígenas, especialmente en relación al Corredor Biológico Mesoamericano, como lo dice Georg Grünber en su estudio “Tierra y territorios Indígenas en Centroamérica”:

“Se está transformando a los indígenas en componentes –adversarios o vigilantes- de la biodiversidad , sin reconocimiento equivalente de su ciudadanía; el 12% de la superficie de los siete países son áreas protegidas y habitadas en un 85 % por pueblos indígenas…la categorización como “áreas protegidas” por regla general ha sido declarada por el Estado correspondiente sin ninguna consulta previa a la población local afectada y que en algunos casos se ha transformado en amenazas constantes de expulsión (“reubicación”). En no pocos casos la élite agraria local usa el argumento de la “conservación de los RRNN” como arma contra los derechos de los habitantes indígenas” . Más agrave aún cuando se trata de megaproyectos o exploración o explotación de recursos mineros.

La Comisión Europea enumera la vulnerabilidad medioambiental como un factor decisivo en la promoción del desarrollo en la región. Desde CIFCA compartimos dicha perspectiva, pero también queremos destacar que si bien los fenómenos naturales, como por ejemplo el huracán Mitch, son inevitables, los efectos de los fenómenos naturales son frecuentemente consecuencia directa de acciones humanas, que en su gran mayoría son evitables.

Estos efectos dependen de una compleja interacción de factores, entre los que cabe destacar la situación ambiental y ecológica del país, como por ejemplo niveles de deforestación, así como la situación económica, en concreto los niveles de pobreza y de desigualdad social existentes. Es por lo general la interacción entre degradación ambiental y pobreza, lo que convierte fenómenos naturales en desastres "naturales".

La destrucción causada por el huracán Mitch fue exacerbada por el alto nivel de degradación ambiental, consecuencia directa del manejo insostenible de los recursos naturales, existente en la región Centro Americana. Por ejemplo, los derrumbamientos de tierra y las inundaciones que causaron tantas muertes y daños materiales son directamente atribuibles a los altos niveles de deforestación existentes en la región .

A esta degradación ambiental han contribuido las políticas y practicas de instituciones internacionales, como por ejemplo los programas de ajuste estructural, impuestos por instituciones financieras, que entre otros aspectos, priorizan modelos de desarrollo insostenibles centrados en la agro-exportación, con la consecuente degradación ambiental y la vulnerabilidad que esto conlleva: erosión y degradación de suelos, contaminación de suelos y de las fuentes de agua, reducción de la diversidad genética, deforestación, pérdida de hábitats, etc.

En una región mayoritariamente rural, es imprescindible que la cooperación internacional se centre en el desarrollo rural sostenible, equitativo y participativo y esto necesariamente implica apoyar al pequeño y mediano agricultor a través de estrategias de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad ambiental. Esta necesidad se hace todavía más evidente dentro del contexto del cambio climático mundial, que hace todavía más urgente, si cabe, promover, apoyar y sistematizar aquellos métodos productivos que incrementen la resistencia frente a condiciones climáticas extremas.

3.Propuestas de CIFCA de cara a la Estrategia Regional 2007-2013.:

3.1 Integración Social en Centroamérica: :

La Unión Europea, en su Estrategia Regional 2007-2013 y en el proceso de evaluación de la integración centroamericana que conducirá a la negociación de un acuerdo de Asociación, debería contemplar la importancia estratégica del proceso de integración social apoyando decididamente:

- Un marco jurídico e institucional que permita al Subsistema de la Integración Social Centroamericana erigirse en órgano eficaz para el desarrollo de políticas sociales en el ámbito regional,

- La elaboración de medidas legales y políticas regionales para la lucha contra la pobreza, la creación de empleo, el acceso a la tierra y la superación de las discriminaciones,

- Las reformas legislativas e institucionales en el ámbito nacional de manera de armonizarlas con las directrices emanadas de los órganos centroamericanos

- La elaboración de una Carta Social Centroamericana con la participación activa y suficientemente representativa de la sociedad civil, además del Comité Consultivo de Integración Social (CCIS),

Las políticas regionales orientadas a dar respuesta a este conjunto de asuntos o problemas de carácter social requieren de una dimensión económica y otra política sin las cuales no será factible la puesta en marcha de los procesos orientados a la integración y cohesión social:

- Puesta en marcha de una fiscalidad progresiva sobre las rentas

- Apoyo institucional a las PYME que son las mayores creadoras de empleo

- Reformas Agrarias integrales que contemplen la sostenibilidad de las economías campesinas

- Fortalecer la asignaciones de recursos en las áreas de gasto social con destino prioritario a los sectores más empobrecidos

- Descentralización con recursos presupuestarios a los municipios de estas responsabilidades que le competen al nivel municipal

- Implementación de los Consejos de Desarrollo Local

- Reformas legislativas para la incorporación de los derechos de pueblos indígenas.

- Reconocimiento del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y respeto a su autonomía.

- Reforzar la cooperación entre órganos regionales, gobiernos, ONGs, organizaciones gremiales y comunidades.

- Asegurar que tanto las mujeres como los hombres se beneficien equitativamente de estas políticas

3.1.) Implementación de la cláusula democrática:

CIFCA recomienda a la Unión Europea orientar su cooperación al establecimiento de un Observatorio Regional de Derechos Humanos en América Central encargado de velar por el estricto cumplimiento de los países en esta materia e informar puntualmente del mismo.

El observatorio regional de derechos humanos, además de ser un instrumento de monitoreo, debe estimular estándares cada vez mayores de respeto a la dignidad del ser humano, de los pueblos indígenas y de superación de la exclusión y miseria a que son sometidas amplias capas de la población CA.

El Observatorio debería estar compuesto por los procuradores de derechos humanos o defensores del pueblo de la región, por delegados elegidos en cada país por las propias ONG de derechos humanos y movimientos sociales y, con la participación de otros órganos estatales competentes.

3.2 ) Sobre derechos sociales, económicos y culturales: :

3.2.1.) Situación rural: Soberanía y seguridad alimentaria.:

Como ya se ha dicho, Centroamérica es una región ampliamente rural que se caracteriza por altos niveles de pobreza dentro de su población. Ésta depende casi ampliamente de la agricultura de granos básicos para subsistir. Entonces, si para la UE el desarrollo social-económico sostenible y la disminución de la pobreza ( cohesión social) conforman dos de sus objetivos principales para la región, sus políticas deben de brindarle atención prioritaria al grupo más afectado y marginalizado: los campesinos empobrecidos pequeños y medianos, así como los pueblos indígenas. Éstos son quienes ven su seguridad y soberanía alimentaria en constante peligro.

Los siguientes puntos deben tomarse en cuenta a la hora de crear una política para la región que comprenda ambos temas en favor del grupo antes mencionado y de la población en general:

La agricultura para consumo local o nacional, generada por campesinos pequeños y medianos, debe ser considerada como un motor fundamental para alimentar a la población y para el desarrollo general de la región

- El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien lo produce

- La participación de los pueblos en la definición de la política agraria

- El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Por ejemplo, el derecho de igualdad de oportunidades en cuanto a tenencia de tierra

- La importancia de la agricultura sostenible como una alternativa satisfactoria para el desarrollo de las comunidades campesinas pobres

- Precios agrícolas para los granos básicos ligados a los costos de producción. Esto es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales

- La creación y estimulación de canales de acceso a mercados locales y mercados internacionales justos que garanticen una oferta mayor y más estable para los productos de campesinos pobres.

- El fortalecimiento de las capacidades de la población campesina, igualmente a nivel personal como de organización gremial y económica, mediante programas de empoderamiento y fortalecimiento organizativo. Lo anterior es un punto clave para que la población campesina pueda desarrollar su agricultura de manera sostenible

- Consciencia de la importancia de programas de asesoría técnica a pequeños y medianos agricultores que generen un mayor valor agregado a su producción, aumentando de esta manera sus ingresos

- El apoyo y estimulación a políticas de comercio justo que mejoren la situación de la población campesina

En todo caso como CIFCA llamamos a la UE para que en la negociación de un TLC con la región, realice un estudio del impacto que este tendrá sobre la seguridad y la soberanía alimentaria de los países centroamericanos.

3.2.2.) Los derechos laborales en CA y el rol de la UE:

Las relaciones entre Europa y Centroamérica podrían abordar las deficiencias y los vacíos institucionales tanto a nivel de los Ministerios del Trabajo como de Administración de Justicia en el caso de Juzgados de lo Laboral.

La participación ciudadana y la vigencia de un estado de derecho son indispensables tanto para el cumplimiento de las normas existentes como para impulsar las mejoras en la legislación laboral desde una perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Es en este sentido que presentamos un abanico de aspectos que deben ser cuidadosa y suficientemente considerados en las propuestas que rigen las relaciones comerciales entre la UE y Centroamérica en relación al derecho al empleo y los derechos laborales.

En cualquier caso, la concertación y la consulta son muy importantes: toda propuesta debe ser elaborada y consultada con las organizaciones de trabajadores, expertos en derecho laboral y ONGs dedicadas a la promoción y defensa de los derechos laborales.

Es relevante destacar que cualquier propuesta de acuerdo de integración económica o el acuerdo de asociación que ha de negociarse con la UE, aún cuando incluya un apartado referente a derecho laboral, debe ser analizado integralmente a la luz de la legislación laboral, tanto nacional como internacional, a fin de evitar contradicciones e inoperancias que redunden en un retroceso o deterioro de los derechos de las personas. Los derechos laborales nunca pueden ser catalogados como obstáculos a la libertad de invertir.

Finalmente frente al SGP Plus, las condiciones impuestas para que sean ratificados los convenios fundamentales del trabajo de la OIT y otros convenios relativos a los derechos humanos, para que en este caso los países centroamericanos puedan beneficiarse, no debe ser objeto de excepción alguna. En este sentido CIFCA respalda la campaña de las grandes centrales de trabajadores a nivel mundial sobre el particular .

3.3) Sobre derechos colectivos: :

3.3.1) Pueblos indígenas y afrodescendientes en Centroamérica: :

Dentro de la política de fortalecimiento de la sociedad civil, se debería enfocar, entre otros puntos, el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas y Afro-americanos, como sectores vulnerables que sufren de exclusión generalizada y pobreza extrema en todo los países centroamericanos. Un instrumento para tal política es la ratificación y la implementación del Convenio 169 del OIT(1988), que no ha sido ratificado aún por parte de Belice, Nicaragua, El Salvador y Panamá y donde ha sido ratificado, no se traduce como en el caso de Guatemala en el respeto de los compromisos adquiridos. El respeto de los derechos de los pueblos indígenas debe hacer parte del diálogo político entre las dos regiones y con recursos específicos de la cooperación para promover el cumplimiento de sus derechos.

Es importante de tomar en cuenta los efectos de la globalización sobre los pueblos indígenas, en particular con respeto a sus derechos sobre territorios, al disfrute recursos naturales y derechos de propiedad intelectual colectiva sobre técnicas y conocimientos colectivos tradicionales.

Es necesario también de recordar en este contexto el papel que juegan los pueblos indígenas y comunidades locales tradicionales en la conservación y protección de la biodiversidad, incluido la biodiversidad agraria, como reconoce el artículo 8J del Convenio sobre la Protección de la Diversidad Biológica (1992). Para que dichos pueblos y comunidades puedan continuar jugando este papel se necesita crear mecanismos de remuneración adecuadas. Como muchos Pueblos Indígenas y Afro-americanos viven en regiones fronterizas, sus organizaciones pueden jugar un papel de vanguardia en la creación de políticas regionales de manejo de ecosistemas transfronterizos.

3.3.2) Vulnerabilidad medio ambiental:

El objetivo general de reducir la vulnerabilidad ambiental, debería ir mas allá del énfasis en armonizar marcos legislativos y sistemas preventivos , y debería incorporar la promoción de y el apoyo a modelos productivos sostenibles como un elemento importante del objetivo general. En concreto, la Unión Europea puede jugar un rol importante apoyando sistemas productivos agroecológicos y contribuyendo a crear políticas nacionales que apoyen al pequeño agricultor (el sector mayoritario y más empobrecido de la región) a través de programas de investigación nacional enfocados en alternativas productivas sostenibles como por ejemplo la agroecología; apoyo a y extensión de programas participativos de asesoría técnica como por ejemplo Programa Campesino a Campesino; programas de crédito para el pequeño productor; construcción de infraestructura dirigida a cubrir las necesidades de los pequeños y medianos productores y no exclusivamente de los intereses exportadores e importadores; creación de bancos comunitarios de semillas; programas de promoción de la semilla criolla; programas de acceso al mercado, y en concreto a mercados justos; apoyo a precios para los productos agrícolas que reflejen los costos de producción, etc.

La promoción de sistemas de producción sostenible estaría en concordancia con los Millennium Development Goals 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre) y 7 (Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente y en concreto, incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente).

Como se ha explicado en la introducción, la conservación de los recursos naturales es imprescindible para reducir el potencial destructivo de los fenómenos naturales que tradicionalmente azotan a la región, y cuya frecuencia e intensidad, dentro del contexto de cambio climático mundial, es de esperar aumentara. Por tanto es realmente preocupante que la destrucción de recursos naturales continúe imparable. Un ejemplo específico en el que las leyes ambientales se infringen y los derechos de comunidades locales son quebrantados, es la destrucción de los bosques manglares del Golfo de Fonseca en Honduras (área RAMSAR, y por lo tanto de especial importancia ecológica) por la industria exportadora camaronera apoyada por instituciones internacionales como el Banco Mundial.

La Unión Europea, como miembro de esta institución, puede ejercer presión para que sus proyectos de inversión respeten los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, no pongan en peligro su seguridad alimentaria y no resulten en degradación ambiental. Como donante, la Unión Europea puede presionar a los diferentes gobiernos centroamericanos para que respeten la legislación ambiental de sus respectivos países y apoyarles financiera o técnicamente para su implementación.

3.4.) Ejes transversales: género y discapacidad:

3.4.1.) Género: En el documento Regional Strategy Paper 2002 – 2006, se incluye los ejes transversales, en los apartes ”Igualdad de Oportunidades y Exclusión” en los que se dice que “Todas las acciones a desarrollar en base a la presente estrategia tendrán en cuenta una participación equitativa entre hombres y mujeres… con el fin de actuar contra la exclusión y marginalización.” Y en Anexo 2 de los TORs para el nuevo RSP se dice que va a analizar el “degree to which cross-cutting issues (gender, indigenous people etc) have been integrated in the programmes”.

Una investigación hecha por OWA sobre la puesta en práctica de las políticas de género de la UE en tres países incluyendo Nicaragua, halló que la estrategia de la transversalización de género no se ha aplicado bien en la práctica. Hay incertidumbres sobre el cómo implementar la transversalización y se ha dado prioridad a la transverslización por encima de acciones dirigidas específicamente a la mujer. En la práctica el hecho de tratar una multiplicidad de temas transversales en la planificación de políticas se convierte a menudo en un juego de malabares que consiste en organizar una serie de cuestiones que compiten por prioridad y las cuestiones de género sufren el riesgo de quedar diluidas o ser dejados de lado.

En la práctica la transversalización se ha visto limitada mayormente a declaraciones políticas ya que en los estudios, planificación y monitoreo no se utilizan herramienta de género, ni tampoco se han identificado metas de género concretas. En la CE se vio que la principal barrera para una efectiva transversalización de género era la débil institucionalización de género en sus sistemas y estructuras.

La UE reconoce que las CSPs son claves para asegurar coherencia entre las varias políticas y género está en la lista de “Policy areas and Crosscutting issues to analyse” de los TORs. Entonces, sería importante asegurar que los objetivos de las políticas relacionadas con el comercio, integración regional etc sean consistentes con los objetivos de las políticas de género de la UE . Por ejemplo, sería imprescendible analizar como la política comercial afecta diferenciadamente a hombres y mujeres.

En cuanto a “the nature of aid (project versus sector/budgetary support”), página 13 de los TORs, dice que la nueva RSP debería tener en cuenta eso. Aunque, el documento de la CE de 2001, “Programme of Action” adopta un enfoque de doble vía, según el cual se combina la aplicación de la transversalización de género en programas generales con la puesta en práctica intervenciones destinadas específicamente a la mujer, la investigación de OWA halló que sólo tres de los 70 proyectos financiados directamente por la CE desde 1997 trataron específicamente las cuestiones de género .

En vista de la “rationalisation” de líneas presupuestarias sería aun más importante emprender un análisis con enfoque de género de sus presupuesto de cooperación en la nueva RSP.

3.4.2 Discapacidad: Dado que personas con discapacidades son el 12% de la población en Guatemala y Nicaragua, 10% en Honduras y 13% en Salvador, es sorprendente que la discapacidad no estuviese incluido como un “cross-cutting” issue en el Annex 1 de los TORs. Con respecto a este, se nota la falta de coherencia entre los RSPs y otros compromisos de la CE. Por ejemplo, El “Guidance Note on Disability and Development for EU Delegations and Services, March 2003” dice que “Disability should be adequately reflected within country strategy processes and EU documentation”.