Nos dirigimos a usted en relación con Guatemala y la posición que ha de adoptar la Unión Europea de cara a las próximas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Cifca desde hace varios años está trabajando para que el apoyo de la comunidad internacional contribuya al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Muchos de ellos que implican reformas estructurales del Estado siguen sin ser cumplidos, en particular los que tienen que ver con los derechos humanos y la superación de la impunidad.
Nos felicitamos del proceso electoral reciente que con observación, entre otros de la UE, condujo al triunfo de Oscar Berger y a la elección de un nuevo Congreso. Sin embargo, frente a las grandes expectativas que despierta todo nuevo gobierno, expresamos nuestra viva inquietud frente a factores de desestabilización y violencia, que lejos de ser erradicados se han visto fortalecidos por las acciones y omisiones del gobierno precedente.
Queremos resaltar en todo caso en esta comunicación cuatro temas que ameritan vuestra atención:
- La CICIACS:
La CICIACS surge como iniciativa de los propios guatemaltecos y en particular de la Procuraduría de Derechos Humanos y del movimiento de derechos humanos en este país, refrendado previamente el 13 de marzo de 2003 en el Acuerdo político entre el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y el propio Procurador de Derechos Humanos.
La CICIACS se establece “…para ayudar al Estado de Guatemala, con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, los compromisos del Estado establecidos en instrumentos de derechos humanos y el Compromiso IV del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos para investigar la estructura y las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y su vinculación con el Estado y con actividades de la delincuencia organizada, así como para procesar a las personas responsables de la constitución y funcionamiento de esas entidades”
La impunidad es un grave factor de ingobernabilidad democrática en Guatemala. Las actividades de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos han debilitado seriamente las posibilidades de avanzar hacia la consolidación de un Estado de Derecho en Guatemala; han sembrado el terror incluso entre los propios funcionarios públicos que deberían administrar justicia o dentro de las autoridades políticas que tendrían la obligación de depurar el Estado de aquellas personas que con su accionar criminal, sus conductas cómplices u omisivas han contribuido a menoscabar la legitimidad del poder público. ( Ver el informe reciente publicado por WOLA: “Hidden Powers in post-conflict Guatemala” )
http://www.wola.org/publications/guatemala_hidden_powers_full_report.pdf
La CICIACS no pretende sustituir la labor del Ministerio Público en Guatemala - Fiscalía General de la Nación -, ni reemplazar la acción judicial de los jueces, sino que a través de la figura del querellante adhesivo impulsará y fortalecerá la acción judicial según lo establece el art. 3° del Acuerdo.
La CICIACS en tanto acuerdo firmado con la Secretaría General de las Naciones Unidas, que ha tenido la ocasión a través de Minugua de constatar los factores estructurales de impunidad, debe merecer el pleno respaldo político y financiero de la Unión Europea.
Se requiere aprovechar la voluntad hecha pública por el nuevo gobierno de Oscar Berger de impulsar el compromiso asumido de establecer la CICIACS, que tiene dos componentes esenciales, según se establece en el art. 12 del Acuerdo para que sea operativa, so pena de que la ONU retire su cooperación:
- El Gobierno debe presentar y el Congreso aprobar las reformas legislativas que se requieran en el curso del año 2004.
- El necesario apoyo financiero de la comunidad internacional (Según el art. 7° “Los gastos de la CICIACS se sufragarán con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional”)
- La Oficina del Alto Comisionado en Guatemala:
Se requiere que dicha oficina tenga un mandato integral de asesoría y monitoreo en derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, que rinda informes públicos anuales a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a su Asamblea General . Dicho mandato debe ser acordado entre el gobierno de Berger, la ONU y la comunidad de derechos humanos.
Para ello la UE debería promover una declaración del presidente de la Comisión en su próximo periodo de sesiones o en su defecto a través de una resolución.
Minugua termina su mandato este año y el acompañamiento de la ONU sobre el terreno debe asegurarse con prerrogativas amplias que deberían entregarse a esta oficina.
- Los defensores de derechos humanos:
La vida e integridad física, así como la labor de los defensores de derechos humanos se encuentran gravemente amenazados en Guatemala. En lo que va corrido del nuevo gobierno las amenazas se hacen de nuevo sentir, en particular frente aquello que han impulsado la creación de la CICIACS. (Ver acción de Amnesty International del 3 de febrero de 2004: AI Index: AMR 34/002/2004)
Se requiere de vuestro gobierno y de la UE que se brinde decidido apoyo a los defensores de derechos humanos en Guatemala, y que se reclame del Estado de Guatemala una acción de reconocimiento, protección y apoyo a los defensores de derechos humanos.
- La ratificación del Estatuto de la CPI:
Pese a que existe una recomendación favorable de la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala (Expediente 171-2002, del veinticinco de marzo del 2002) para que el Estado de
Guatemala ratifique el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hasta el día de hoy sigue sin
ratificarse tal Estatuto; que sin duda constituiría una herramienta preventiva contra la
perpetración de crímenes de lesa humanidad en Guatemala. Por tanto insistimos ante la UE, para que contribuya a que el Estado de Guatemala ratifique lo antes posible el Estatuto.
Agradeciendo su atención, muy cordialmente,