La participación de la sociedad civil en el proceso de integración centroamericana: expectativas, frustraciones y propuestas frente al Diálogo de San José, 2004
En esta ponencia haremos un recorrido histórico de nuestras propuestas en el marco del Diálogo de San José, pasando por la gran expectativa que creó el Grupo Consultivo de Estocolmo, las frustraciones del Grupo de Madrid y las expectativas frente a la celebración próxima de los veinte años del Diálogo de San José, luego presentaremos las conclusiones que impone esta experiencia y las proposiciones frente a la integración centroamericana. Anexamos un documento de reflexión sobre el CAFTA recién firmado entre los países de América Central y EEUU, de cara al Acuerdo de Asociación que se empezará a negociar entre la UE y Centroamérica.NOTAS:
® Ernesto Pérez Balladares ?Retos, oportunidades y mecanismos de participación de la sociedad civil en el desarrollo humano sostenible?, agregó en el mismo discurso ? La instancia de las dictaduras se agotó, no solo porque los mandatos provenían de las armas y no de los votos, sino porque fueron incapaces de crear puentes de participación de la sociedad civil. Por eso resulta insólito y además imperdonable que en democracia, se repitieran las prácticas, que más se les criticaba a las dictaduras, o sea la ausencia de participación de la sociedad civil? 25 de octubre de 1995.
Varias organizaciones centroamericanas[2] presentaron un documento a la reunión del Diálogo San José VIII en Lisboa en 1992 en la que además de reclamar un espacio para la sociedad civil, advirtieron sobre los problemas que generaban los programas de ajuste estructural sobre el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales de la población, la relación entre pequeña empresa y medio ambiente, pobreza y propuestas sobre intercambio justo y desarrollo. En Lisboa los ministros europeos mostraron la disposición de la comunidad para cooperar en el fortalecimiento de las instituciones regionales de integración, de acuerdo al Protocolo de Tegucigalpa que establece el Sistema Centroamericano de Integración[3].
En un documento de la Universidad Libre de Amsterdan : ?Más allá del ajuste: una evaluación de los resultados de San José VIII se cuestiona que frente a los problemas estructurales de la región, las soluciones se buscan en una compensación cortoplacista de los efectos sociales de las políticas de ajuste. De esta manera queda fuera de la discusión un análisis de las estructuras fundamentales que impiden un desarrollo inclusivo...En ese diálogo no cabe espacio para discutir los esfuerzos o el papel de las organizaciones populares o de las ONG centroamericanas: son los gobiernos los que actúan en representación de su país?En el diálogo de San José VIII en ningún momento se han mencionado las organizaciones populares ni las ONG. El Diálogo de la Cooperación europea es estrictamente gubernamental?[4].
De otra parte, en 1993, sobre el tema de la integración regional, la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana ?ICIC[5] -, se dirigió a los presidentes de la región con ocasión de la Cumbre de Guatemala de octubre de 1993 manifestando:
?Conscientes de la necesidad de fortalecer la estrategia global del proceso de integración regional, demandamos un mayor nivel de consulta y de participación de la sociedad civil centroamericana, de forma tal que se considere la representación real de los distintos sectores, sólo así se logrará el consenso necesario para una plena ejecución de los lineamientos integracionistas?.
La ICIC nacía con la esperanza de tener una interlocución real frente al proceso de integración centroamericano desde expresiones regionales de las organizaciones productivas, sociales, de cooperación y distintos sectores sociales tradicionalmente marginados o excluidos, tanto en época de las dictaduras o de los conflictos civiles como en el nuevo proceso de transición a la democracia en la región, por ello se expresó en la misma comunicación:
?En función de sostener y hacer valer estas prioridades ? un proceso integracionista incluyente- hemos puesto en marcha la ?Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana? (ICIC), que constituye un hito histórico en el proceso de concertación y desarrollo de la sociedad civil de la región centroamericana, por cuanto por primera vez sectores tan diversos nos reunimos para debatir y elaborar una propuesta ante el proceso de integración. En consecuencia solicitamos su reconocimiento e incorporación en el Comité Consultivo de la Integración Centroamericana, el Comité Consultivo de la Integración Económica y en todas las instancias consultivas del proceso de integración?.
La ICIC reconocía en la misma comunicación como Esquipulas II había favorecido el proceso de integración y, las distintas cumbres presidenciales habían hecho avanzar la pacificación y la desmilitarización, desde los acuerdos de distensión, procesos de conciliación nacional, a los acuerdos de intercambio comercial, cooperación económica y concertación. Las nuevas condiciones históricas la veían como una gran oportunidad para ampliar los vínculos entre los pueblos centroamericanos. Sin embargo manifestaban:
??el proceso de integración actual reproduce una debilidad presente también en la experiencia de los años sesenta: no ha logrado recoger las aspiraciones de la mayoría de la población, ni ha garantizado su beneficio, entre otras cosas, porque no se han facilitado las condiciones para una efectiva y amplia incorporación de la sociedad civil a la dinámica integracionista?.
La propuesta de la ICIC no se concebía como un proceso en el que sólo sus integrantes estuvieran representados, por ello se insistía:
?Abogamos por un modelo de integración que incorpore ?en su dinámica interna- a todas las fuerzas y actores económicos y sociales de la sociedad civil centroamericana. Consecuentemente proponemos impulsar un proceso integracionista que no se limite a la libre movilidad de mercancías, capitales y personas, sino que trascienda lo científico, institucional, tecnológico y socio-cultural?.
Los miembros de la ICIC consideraron las siguientes prioridades frente a la integración:
Una Carta Social de la Integración, propuesta por parte de la Confederación de Trabajadores de Centroamérica (CTCA-ORIT).
Acerca de la movilidad y libre circulación de la fuerza de trabajo y, en general, de un capítulo laboral en la integración, desarrollada por la Coordinadora Centroamericana de trabajadores (COCENTRA).
Potenciar la integración vertical de la producción en manos de los sectores de medianos y pequeños productores, la búsqueda de una estrategia de integración comercial para fortalecer el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria, el acceso a los mercados externos, así como en el desarrollo de tecnología apropiada para reducir los niveles de dependencia externa. Propuestas desarrolladas por la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), la Asociación de organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE) y la Unión de Pequeños Productores de Café de México, el Caribe y Centroamérica (UPROCAFE).
Propuestas para orientar la cooperación externa y propuestas de alternativas a los programas de ajuste estructural, elaboradas por la Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo.
Propuestas de la Confederación Centroamericana y del Caribe de la Pequeña y Mediana Empresa (COCAPE) para fortalecer la competitividad y la necesidad de apoyar la reconversión industrial en la región, con el imperativo de que se destinen suficientes recursos financieros accecibles para la pequeña y mediana empresa, como política indispensable para acompañar la integración regional.
La Federación Centroamericana de Organizaciones Comunales (FCOC) planteó que se tomara en cuenta a las organizaciones comunales en los procesos de toma de decisiones y se les considere como sujetos activos del proceso de desarrollo en la región.
Agregaron las organizaciones que conformaron la ICIC en su apuesta por una agenda común, que el proceso de integración, de exclusivo o marcado caracter gubernamental, sería una efectiva fuerza de transformación regional, con horizonte promisorio, si se contara con el concurso y beneficio efectivo de todos los sectores interesados e involucrados en el reto del desarrollo de Centroamerica:
?La integración debe ser parte de un proyecto económico-regional y político propio de nuestros países, que convierta a la región en una efectiva comunidad de intereses y propósitos, que potencie nuestra capacidad y contribuya a consolidar la paz en una de las regiones más dinámicas del mundo. En este proyecto de integración el Estado debe jugar un papel significativo y el mercado, antes que un organizador absoluto e invisible, es un mecanismo que debe estar sujeto a una regulación adecuada?[6].
El intento de las organizaciones de la sociedad civil centroamericanas de ser escuchadas por sus propios gobiernos no trascendió más allá de eventuales discursos retóricos de compromiso que se quedaban una y otra vez en la forma, mientras que de este lado del Atlántico nuestros esfuerzos, incluso conjuntos fueron infructuosos.
Hace 10 años CIFCA, conjuntamente con la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana, insistieron para que el X aniversario del Diálogo de San José fuese la ocasión para garantizar el diálogo y la concertación con los poderes ejecutivos de ambas regiones, proponiendo un Foro Consultivo de la Sociedad Civil. Se hicieron llegar propuestas a la reunión de ministros de San José X que se celebró entonces en Atenas sobre cinco temas, presentados en el documento ?San José: una oportunidad para todos?: Comercio y pequeña producción, Medioambiente y Desarrollo, Ajuste Estructural y Pobreza, Democratización y Derechos Humanos y la participación de la sociedad civil a través de un Foro Consultivo.
Se propuso crear un espacio de influencia crítica frente a los compromisos contraídos por los gobiernos, reclamando un nuevo Diálogo de San José con mayor transparencia, mayor respaldo, mayor coordinación y complementariedad. Por ello a corto plazo proponíamos se convocara a la sociedad civil organizada de ambas regiones a participar del proceso de San José como observadores, incluso reclamábamos tal espacio para el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano ?CC-SICA-.
A mediano plazo reclamamos la creación de un Sub-Comité de la Comisión Mixta que incluyera a la ICIC y CIFCA entre otros posibles actores sociales, con participación gubernamental o la invitación de manera permanente a distintos representantes de distintas fuerzas u organizaciones sociales a participar en el Comité Mixto o subcomités temáticos, proponiendo consultas amplias con la sociedad civil de cada país en Centroamérica previas a las reuniones, con el fin de revisar como:
Mejorar la cooperación (impacto, eficiencia) y elaboración de estrategias; haciendo partícipes a los destinatarios de la misma en todo el proceso.
Concertar métodos y estrategias para una mayor participación de la sociedad civil.
Elaboración de estrategias de mediano y largo plazo para la región.
Intercambio y sistematización de experiencias en los aportes al desarrollo sostenible.
A la misma reunión ministerial del Diálogo de San José X en Grecia, se presentó el estudio financiado por la Comisión Europea en marzo de 1994 sobre la ?Estrategia de Cooperación con la Región Centroamericana? que en uno de sus apartes menciona la necesidad de involucrar a la sociedad civil de ambos continentes al diálogo de San José resaltando que:
?La ausencia de los sectores populares del poder y de mecanismos de diálogo y de concertación han estado en la base de los conflictos que han desgarrado Centroamérica?la promoción de modalidades más participativas de cooperación obedece en ese sentido a una doble exigencia: exigencia democrática y exigencia de eficacia? El díalogo de San José, sin embargo, se ha mantenido hasta ahora a un nivel exclusivamente interministerial. Se recomienda una concertación participativa que incluya a representantes civiles de ambas regiones ??[7].
Entonces la evaluación conjunta del décimo aniversario del diálogo de San José, confirmó una vez más que las propuestas de la sociedad civil no habían sido tomadas en consideración. El desarrollo de los sectores civiles y su incorporación en el proceso de democratización sólo está mencionado en conexión con el Comité Consultivo del SICA, aunque se mencionó la plena participación de la sociedad civil no se dijo cómo, las propuestas de participación de la sociedad civil organizada, no fueron adoptadas.
Representantes de CIFCA y de ICIC, participaron en Atenas y en las tres reuniones precedentes del Diálogo de San José sin ser invitados, pese a las propuestas reiteradas, de al menos contar con el caracter de observadores de dichas reuniones. Las mismas propuestas se retomaron para la Cumbre de Cancilleres San José XI, celebrada en Panamá en febrero de 1995 manifestando que:
"?es hora de que el proceso supere sus debilidades más importantes, que han sido la exclusión total de la sociedad civil organizada de ambos continentes en el mismo e insuficiencias de visión estratégica a mediano y largo plazo en la toma de decisiones."[8]
Cifca conoció entonces un borrador del lado europeo en el que se proponía al fin, abrir el diálogo oficialmente a diferentes sectores de las sociedades centroamericanas y europeas. Según hicieron conocer algunos funcionarios europeos a CIFCA, dicha iniciativa fracasó ?porque algunos cancilleres centroamericanos se opusieron, expresando su representatividad exclusiva de la sociedad, como autoridades legítimamente electas?. Pero de esta cumbre de cancilleres en Panamá, al menos se respondió a nuestro reclamo de que se posibilitara una reflexión conjunta sobre las perspectivas del Proceso de San José, para tales efectos se convocaría un seminario.NOTAS:
® La Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE), la Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo ( Concertación Centroamericana) entre otras, que más tarde conformarían la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana ? ICIC -, varios de ellos contrapartes de los miembros de CIFCA, con los que se concertaron propuestas para la UE de cara a la región en 1992.
® Firmado por los presidentes de la región el 13 de diciembre de 1991, reformando la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrita en ciudad de Panamá el 12 de diciembre de 1962, para establecer el SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, que contempla la participación de la sociedad civil en los siguientes términos: ? El Comité Consultivo estará integrado por los sectores empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano representativas de los sectores empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano comprometidos con el esfuerzo de integración ístmica. Este Comité tendrá como función asesorar a la Secretaría General sobre la política de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo?. Dos últimos incisos del art. 12 del Protocolo.
® Cor J. Wattel, Universidad Libre de Amsterdam, Oficina Regional Centroamérica, Amsterdam junio de 1992. Subrayado en el texto original.
® La ICIC se conformó con redes de ONG que integraron la Concertación Centroamericana (Concertación Centroamericanda de Organismos de Desarrollo), ASOCODE (Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo), la Confederación de Cooperativas de Centromérica y del Caribe (CCC-CA), Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo, la Coordinadora Centroamericana de Trabajadores (COCENTRA), la Confederación Centroamericana de la Pequeña y Mediana Empresa (CONCAPE), Confederación de Trabjadores de Centroamérica (CTCA-ORIT), Frente Continental de Organizaciones Comunales, capítulo Centroamérica (FCOC), Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de México, Centroamérica y el Caribe (UPROCAFE) y como observador participaba el Consejo Indígena de Centroamérica, luego ingresaría CODEHUCA ?la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica-.
® Este Documento fue presentado en octubre de 1993 a los presidentes centroamericanos que se reunieron en la Cumbre de Guatemala, fue firmado por las 8 organizaciones de caracter regional mencionadas, que impulsaron la creación de la ICIC, en su momento sus oficinas tenían asiento en Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador y, eran ?fuerzas vivas regionales? como lo exigiría el Protocolo de Tegucigalpa, representando a importantes sectores sociales en la región, sin embargo sus propuestas no fueron tenidas en consideración, pese a que las mismas eran compatibles en un todo con los fines que perseguía el Sistema de Integración Centroamericana consagrados en dicho Protocolo.
® Estrategia de Cooperación con la Región Centroamericana: Informe SETA, redactado por Monique Munting, en el mismo estudio se sugirió ?por fin adoptar un marco de cooperación más democrático y participativo: prever modalidades de concertación con las organizaciones civiles en torno a los proyectos, programas y estrategias de cooperación; promover metodologías participativas a nivel de los proyectos; diversificar las contrapartes de cooperación y apoyar los proyectos de los niveles descentralizados y organizaciones civiles.
® Aviso de prensa pago por CIFCA y la ICIC ?Hacia un verdadero diálogo entre Europa y Centroamérica?, publicado en el diario ?La Estrella? de Panamá, jueves 23 de febrero de 1995.
La incoherencia frente a la mutiplicidad de órganos que se han creado para tratar los mismos aspectos relativos a la integración, resalta al recordar que ya en febrero de 1989, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua convinieron en crear la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo ?CCAD-, que no fue siquiera mencionada cuando se nombran las instituciones de la Alianza Centroamericana para el Desarrrollo Sostenible.
Entre los objetivos que se propone el CCAD se mencionan:
Valorizar y proteger el Patrimonio Natural de la Región, caracterizada por su alta diversidad biológica y ecosistemática, determinando las áreas prioritarias de acción, entre otras: educación y capacitación ambientales, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, control de la contaminación en centros urbanos, importación y manejo de sustancias y residuos tóxicos y peligrosos, y otros aspectos del deterioro ambiental que afectan la salud y la calidad de vida de la población;
Establecer la colaboración entre los países centroamericanos en la búsqueda y adopción de estilos de desarrollo sostenible, con la participación de todas las instancias concernidas por el desarrollo;
Promover la acción coordinada de las entidades gubernamentales, no gubernamentales e internacionales para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el establecimiento del equilibrio ecológico;
Auspiciar la compatibilización de los grandes lineamientos de política y legislación nacionales con las estrategias para un desarrollo sostenible en la región, particularmente incorporar las consideraciones y parámetros ambientales en los procesos de planificación nacional del desarrollo.
Aunque se menciona la necesaria participación de todas las instancias concernidas por el desarrollo sostenible y la promoción coordinada entre gobiernos y Ong, dicha participación sólo empezará a concretarse años más tarde.
La Conferencia Internacional para la Paz y el Desarrollo, constituyó el primer espacio de interlocución directa entre los gobiernos de la región y la sociedad civil centroamericana. CIFCA fue invitada como observadora y la ICIC pudo exponer sus propuestas, entre ellas la que se aceptó en la declaración oficial final para institucionalizar aquel novedoso espacio[10]:
?En aras de dar continuidad y profundizar el novedoso diálogo iniciado en Tegucigalpa, nos proponemos instalar la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo como actividad periódica, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil regionalmente organizadas y los gobiernos de la región con el acompañamiento de la institucionalidad centroamericana y la comunidad internacional. Con este propósito instruimos al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que presente una propuesta que permita su exitosa realización?.
Desafortunadamente a dicha propuesta no se le dió continuidad, aunque las cumbres de la época seguían dándole proridad a lo social. Se agrega entonces el Tratado de Integración Social Centraomericana, firmado durante la XVI REUNION DE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS[11] en San Salvador el 30 de Marzo de 1995, que señala:
?La necesidad de establecer un marco jurídico institucional en el área social basado en la premisa de que el ser humano constituye el centro y sujeto primordial del desarrollo, con el objetivo de que garantice el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de los pueblos centroamericanos. La importancia que reviste la participación activa de los diferentes grupos de la sociedad civil en la construcción de la integración social del Istmo Centroamericano, así como la necesidad de involucrarla creativa y permanentemente en los esfuerzos para que nuestros pueblos convivan en un clima de equidad, justicia y desarrollo?.
Los Estados de la región reconocen que el desarrollo social es un derecho universal y se comprometen por tanto en dicho tratado a:
Alcanzar el desarrollo de la población centroamericana de manera integral y sostenible, sustentado en la superación de la pobreza, la participación social y la protección del ambiente, asegurando la participación plena en los beneficios del desarrollo sostenible.
Lograr condiciones regionales de bienestar, justicia social y económica para los pueblos, en un régimen amplio de libertad, que asegure el desarrollo pleno de la persona y de la sociedad. Sobre la base de la superación de los factores estructurales de la pobreza, que afecta a un alto porcentaje de la población de la región centroamericana.
Respetar, en el proceso de integración los valores y culturas de las diferentes etnias, así como de la comunidad centroamericana en su conjunto.
Promover la igualdad de oportunidades entre todas las personas, eliminando las prácticas de discriminación legal o de hecho e invirtiendo en la persona humana para su desarrollo integral.
Promover la tolerancia política, la convivencia democrática y el crecimiento económico con el progreso social, garantizando el sano funcionamiento de los ecosistemas vitales para la vida humana, a partir de un diálogo efectivo, que permita a los gobiernos y a otros sectores de la sociedad actuar solidariamente.
Mucho podría decirse en torno a este Tratado tanto sobre lo destacable en su temática, como sobre las lagunas, repeticiones o ausencias, pero también sobre sus inconsistencias institucionales, a la hora de definir los mecanismos de participación de la sociedad civil. Se señala la creación de:
?El Comité Consultivo de Integración Social (CCIS), estará conformado por los diversos sectores, representativos de la región comprometidos con el esfuerzo de la integración social centroamericana?.
Luego se define el mismo: ? Artículo 16. El Comité Consultivo de Integración Social (CCIS), es un comité sectorial de carácter exclusivamente consultivo, asesorará a la Secretaría de la Integración Social y estará relacionado con el Comité Consultivo del SICA, en el contexto del artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa?.
A dicha participación de la ?sociedad civil? se le entregan menos facultades que a la Instancia Asesora y de consulta conformada por: ?la (el) cónyuge del Presidente (a) o un representante personal del Presidente (a), la cual se reunirá ordinariamente durante las Reuniones de Presidentes y extraordinariamente cuando así lo deseen? El Consejo de la Integración Social se reunirá durante las Reuniones de Presidentes y cuando lo considere conveniente, para coordinar e impulsar el proceso de la integración social y podrá convocar a la instancia asesora, para llevar a cabo el ejercicio de sus funciones?.
Sin desconocer las calidades humanas, profesionales o políticas de las ( o los) cónyuges de los presidentes, por qué tendrían más garantías que el Comité Consultivo de Integración Social?.
El eco de nuestras demandas conjuntas, ICIC-CIFCA, tuvo su punto culminante en el seminario que se desprendió de la Conferencia Ministerial de San José XI, como lo indicamos antes, por encargo del Consejo de la UE y bajo el auspicio de la CE se celebró el seminario ?Perspectivas del Proceso de San José?,que se celebró en San José de Costa Rica del 29 al 31 de mayo de 1995, propiciando por fin una interlocución de alto nivel entre la sociedad civil y los gobiernos de las dos regiones.
De dicho seminario, el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas ?IRELA-, elaboró un documento de conclusiones: ? Reestructurando el Diálogo entre la Unión Europea y América Central, proponiendo que la nueva agenda se basara en tres ejes: la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, el Plan de Acción centroamericano presentado en San José XI y el Acuerdo de Cooperación de tercera generación firmado en 1993, con cinco temas horizontales de mútuo interés:
Integración y reinserción en la economía mundial: Se propuso entonces ?evaluar las 40 instituciones de integración a fin de agilizar la estructura y el funcionamiento de la integración del Istmo. Para contribuir a la inserción de América Central en la economía mundial, la UE podría apoyar la modernización del sector agrícola y la diversificación de las exportaciones?.
Desarrollo Sostenible.
Profundización del proceso democrático-institucional: Para ?apoyar la modernización del Estado y superar el ?Déficit de gobernabilidad? en algunos países del Istmo. Se recomendada apoyar los sectores más vulnerables de la población (refugiados, indígenas, etc) y fortalecer el Programa Plurianual de Derechos Humanos para Centroamérica.
Reforma del Estado: Modernizar la administración pública con el fin de elevar la eficacia del Estado y crear instituciones más democráticas y transparentes. Se señalaba como de particular importancia la ?reforma del sistema impositivo? a fin de elevar los recursos del Estado, mejorar los servicios públicos y contribuir a una distribución equitativa de los ingresos?.
Educación y recursos humanos: América Central podría beneficiarse más del know how y de las bases científicas y tecnológicas de ls UE y sus estados miembros. ?La promoción de la educación y capacitación haría el ajuste económico socialmente sostenible y contribuiría a las reformas económicas y la modernización del Estado?.
Por último se propuso ?elevar la participación de la sociedad civil para superar el déficit democrático del Proceso de San José?[12].NOTAS:
® En el discurso citado de Pérez Balladares reconoce que el compromiso de los gobiernos por la Alianza para el Desarrollo Sostenible se debía esencialmente a las iniciativas de la sociedad civil. Luego se reclamará con insistencia que en el Consejo Centroamericano de Desarrollo Sostenible y los consejos nacionales de desarrollo sostenible que se habían creado o proyectaban crearse se involucrara decididamente a todos los actores sociales.
Compromiso asumido por los Estados en la Cumbre de Río, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Brasil en junio de 1992, para definir políticas y estrategias, con la participación de los distintos sectores sociales, que a través de dichos Consejos deberían asegurar políticas coherentes para el Desarrollo Sostenible. Los Presidentes de Centroamérica fueron pioneros en instalar un Consejo Regional, además de los que se constituyeron a nivel nacional.
® En la Declaración final los presidentes consignaron la importancia de la interlocución con la sociedad civil en los siguientes términos: ?La voluntad democratizadora que ello implica, así como la determinación inalterable de alcanzar las más altas etapas de desarrollo sostenible, se expresa no solo en las acciones que al interior de sus países realizan los Gobiernos del área, sino también en crecientes grados de integración y concertación tanto entre los Estados como con los distintos sectores de la sociedad?. Declaración de Tegucigalpa, 25 de octubre de 1994.
® Ya durante la XIII CUMBRE DE PRESIDENTES DE CENTROAMERICA en Ciudad de Panamá, el 10 de Diciembre de 1992 se había producido la DECLARACION DE LOS PRESIDENTES CENTROAMERICANOS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL que propuso la creación del Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social.
® IRELA, Restructurando el Diálogo entre la Unión Europea y América Central?, conclusiones del Seminario ?Perspectivas del Proceso de San José?, San José de Costa Rica, 29-31 de mayo de 1995. En este seminario CIFCA presentó las ponencias: ?Las Sociedades civiles y la renovación del Diálogo de San José? (Stephen Baranyi) y ? Caída del Interés Europeo o Definición de un nuevo marco para la Cooperación y el Diálogo de San José? (Has Peter Dejgaard) en las que se insistió en la participación plena de la sociedad civil para que el propio Proceso de San José fuera sostenible. Sobre la integración CIFCA insistió en una ?Integración Regional ?inclusiva?, ampliamente respaldada por todos los sectores, con crecimiento interno equitativo e inserción externa de calidad?, como había sido recomendado por la Misión de Formulación de una Estrategia Regional de Seta antes citado.
La tragedia y destrucción provocada por el huracán Mitch[13] en América Central, el desastre natural regional más grave en los últimos tiempos congregó la solidaridad internacional, acercó a los sectores sociales, flexibilizó a ciertos gobiernos y unió voluntades para intentar no solamente enfrentar la tragedia, pero hacer viable una interlocución importante entre gobiernos y sociedad civil que antes no había sido posible.
Un mes después del Mitch, el 19 de noviembre de 1998, el Parlamento Europeo, solicitó formalmente a la CE que diseñara un plan de reconstrucción para AC, que fue presentado el 28 de abril de 1999, el PRRAC[14], por 250 millones de euros adicionales a las lineas de cooperación que serían mantenidas: derechos humanos, gobernabilidad, apoyo a la integración regional y atención a los aspectos medioambientales entre otros.
La reunión del Diálogo de San José se celebró en Bonn, el 20 de mayo, en la resolución de dicho encuentro se manifiesta que el Programa PRRAC, debería ayudar a solucionar los problemas estructurales que afronta Centroamérica, incluyendo los relativos al afianzamiento de la democracia, gobernabilidad, justicia social y promoción del desarrollo sostenible. Además de los múltiples retrasos con los que comenzó a ejecutarse dicho programa, sobre la participación de la sociedad civil se cuestionó que:
? Aunque debe reconocerse el papel activo de la UE en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil durante los meses posteriores al Mitch, lo cierto es que sigue interpretando la participación de la sociedad civil sólo a nivel de la ejecución de las proyectos, no en la fase de la definición de cuales proyectos se van a desarrollar y qué objetivos se buscan con sus acciones de cooperación. Así, las ONGs europeas, pese al papel activo que muchas de ellas habían desarrollado durante la fase de emergencia tras el huracán Mitch, y aunque fueron consultadas durante la misión de identificación, no pudieron participar de modo efectivo en el diseño del PRRAC. Tampoco las organizaciones centroamericanas tuvieron espacio para incidir de modo significativo en la definición de prioridades de dicho programa. En la práctica un 94.8% del presupuesto del PRACC estará orientado a la ejecución de la cartera de proyectos que la UE identificó sin contar con la sociedad civil, y tan sólo un 5.2% a propuestas provenientes directamente de la sociedad civil?[15].
Sin embargo el Grupo Consultivo de Estocolmo, reunido entre el 25 y 28 de mayo de 1999[16], en un hecho sin precedentes, permitió la más importante interlocución entre los gobiernos y la sociedad civil de ambas regiones ?con el propósito de reconstruir y transformar la región?, alcanzándose un amplio consenso en torno a los principios que deberían guiar la cooperación en ese ambicioso objetivo: reducción de la vulnerabilidad ecológica y social, transparencia y gobernabilidad, descentralización, activa participación de la sociedad civil y promoción del respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos de la niñez, las etnias y otras minorías, así como la coordinación de los donantes para responder a las prioridades de los países receptores y reducción de la deuda.
Se convocó un nuevo Grupo Consultivo en Madrid que se celebró el 8 y 9 de marzo de 2001 que no le dio continuidad a los principios adoptados en Estocolmo, la agenda se orientó para ?favorecer el desarrollo económico en Centroamérica?, la integración de la región se impulsaría a favor de intereses privados, ligados a intereses comerciales, antes que a los intereses públicos.
Previa a la reunión del Grupo Consultivo se desarrolló en Madrid el Foro ?Dos años después del Mitch?[17], donde se presentó la Plataforma para la Transformación de Centroamérica en la Perspectiva del Desarrollo Sostenible, impulsada por la red ?Centroamérica Solidaria?[18] ?CAS-, un esfuerzo más de convergencia entre múltiples organizaciones de la región de distintos sectores sociales, que se unían en una sola voz para tener mayor capacidad de incidencia, con el respaldo de las ONG del Norte.
En dicho Foro se reclamaba una activa participación de las ONG del Norte y del Sur en el Grupo Consultivo y un espacio de participación de las organizaciones que integraban el CAS en los procesos de integración regional en Centroamérica. En el taller que se ocupó del tema de la Integración Regional se hicieron las siguientes valoraciones y propuestas:
El proceso está abierto a más dimensiones que la económica e incorpora acuerdos sobre integración política, social y cultural. Se destaca el Tratado para la Integración Social y la Alianza Internacional por el Desarrollo ?ALIDES-.
Hay instituciones creadas con gran potencialidad como la Corte Centroamericana de Justicia o el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, pero hay un gran desconocimiento sobre este proceso, sus instituciones y mecanismos. Las instituciones presentan graves insuficiencias que impiden el logro de su misión técnica y política. Los convenios, acuerdos, declaraciones y tratados adoptados en el proceso de integración no cuentan con mecanismos concretos para su operativización y adecuado cumplimiento, sometido al criterio político de cada uno de los gobiernos.
La participación de la sociedad civil a través del Comité Consultivo está limitada por no representar suficientemente la realidad organizativa centromericana, por la falta de recursos para funcionar y por la ausencia de mecanimos de consulta y participación real en todas las instancias de la integración.
El CC-SICA, más allá de los criterios formalmente representativos, debe ser capaz de establecer mecanismos participativos activos entre las organizaciones representadas. Garantizando la adecuada asignación de los recursos económicos e institucionales necesarios para realizar efectivamente el papel que se le asigna.
Como Sociedad civil organizada se comprometen a impulsar la integración social a escala regional y, junto a la necesaria movilización social, trabajar para asegurar la puesta en marcha y el cumplimiento de los acuerdos tomados. Así mismo se comprometen a trabajar por asegurar el funcionamiento de los mecanismos institucionales y jurídicos actualmente vigentes, de manera que sirvan para avanzar en esos espacios regionales de cohesión y solidaridad regional.
Se adoptaron como ejes para la participación los siguientes:
El proceso de integración debe construirse a partir de principios de solidaridad, gradualismo, participación y fidelidad a las raíces culturales de la región y debe concentrarse en los principales problemas y considerar especialmente a la población más vulnerable de la región.
Por tanto se debe profundizar la dimensión social del proceso para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de la integración social; se invita a desarrollar una agenda participativa que garantice una real alianza para el desarrollo sostenible, garantizando espacios políticos de incidencia en los objetivos de la integración y cohesión social en beneficio de los más pobres.
La sociedad civil debe incorporar en sus agendas la toma de posición y formulación de propuestas en torno a la dimensión económica de la región.
Por último se reclama que la cooperación internacional, tanto gubernamental como no gubernamental, promueva una estrategia coherente de integración, tomando en consideración los elementos señalados.
Sobre la integración regional y la institucionalidad, el CAS profundizó su reflexión, ocupándose de recomendar que antes de privilegiar las relaciones con terceros, debía la región ocuparse prioritariamente en fomentar espacios de cooperación e intercambio entre los diversos sectores productivos, sociales y culturales.
Sin embargo en las relaciones de intercambio con terceros se recomendaba tomar en cuenta las asimetrías, la reciprocidad, el criterio de nación más favorecida, procedimientos diferenciados en cuanto a plazos y desgravación arancelaria de productos industriales y agropecuarios considerando la estructura productiva de cada país; fortalecer el apoyo a pequeños, medianos productores y cooperativas, demandando precios preferenciales en la importación de productos-insumos necesarios al desarrollo social, ambiental, infraestructural y productivo.
No obstante en este documento la convergencia Centroamérica Solidarida advertía[19]:
? Ninguna integración regional será eficiente para los centroamericanos, sino se fundamenta en decisiones que aseguren la estabilidad económica, política y social de amplios sectores de la población hasta ahora sumidos en el empobrecimiento por las enormes desigualdades en la distribución de los ingresos, por la precariedad de sus condiciones de vida y de trabajo, por la falta de acceso a oportunidades económicas y por su escasa o nula participación en las decisiones de políticas públicas?.
Pero tal voluntad de alentar formas de democracia participativa no duró mucho tiempo y en el Grupo Consultivo de Madrid se volvieron a cerrar las puertas. Los principios acordados en Estocolmo para la reconstrucción y transformación de Centroamérica fueron relegados a un segundo plano.NOTAS:
® El Huracán Mitch cobró la vida de 9mil personas, ocasionó 3 millones de desplazados y más de 8.500 millones de dólares en daños materiales. Se destruyeron cientos de puentes, miles de escuelas y clínicas, y kilómetros de sistemas de agua y carreteras. Dos años después del Mitch. Revista de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, enero de 2001.
® Plan de Acción Regional para la Reconstrucción de América Central ?PRRAC-.
® Estudio realizado por Juan Echanove de Oxfam Internacional para la CONGDE -La Ayuda de la Unión Europea a Centroamérica tras el huracán Mitch, una valoración de los cumplimientos de los Acuerdos de Estocolmo?.
® El Grupo Consultivo reunió todo el espectro de países donantes, con una activa participación de la Unión Europea. Se había realizado un primer Grupo Consultivo sobre Centroamérica en Washington en diciembre de 1998.
® El Foro se realizó en Madrid los días 18 y 19 de enero, las memorias del mismo las publicó la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España. El Foro trató cinco temáticas: la Integración Regional, Deuda y Ajuste Estructural, Desarrollo Empresarial y Competitividad, Vulnerabilidad Socioambiental y Prevención de Desastres, Desarrollo Humano y Equidad Social y, sobre los Principios de Estocolmo y Mecanismos de Seguimiento. Sobre cada tema se hicieron precisas recomendaciones a los gobiernos.
® Dicha Plataforma y otros textos relativos a ?Centroamérica Solidaria? pueden encontrarse en: www.alforja.org/desarrollo/CAS/ .
® Documento de marzo de 2001, mimeo, distribuido durante el Grupo Consultivo de Madrid.
Es necesario preguntarnos por qué, pese a las declaraciones y compromisos retóricos de los gobiernos de ambas regiones, los avances frente a la participación social que deberían incidir en las políticas públicas es tan marginal o a menudo inexistente.
Podríamos invocar algunas hipótesis a partir de nuestra experiencia a lo largo de nuestros esfuerzos de incidencia en estos años:
La sociedad civil, en las decisiones públicas ya está representada por las políticas de gobierno democráticamente electos y en esa legitimidad otorgada por las urnas, los gobiernos representarían el interés general.
Esta posición niega la complejidad y la profundidad de los procesos democráticos actuales, que cuando lo son realmente, invocan el interés general teniendo en consideración una amplia representación de intereses sectoriales o sociales, con activa participación de los mismos.
La fórmula más grave en esta simplificación reduciría el Estado al gobierno de turno y la sociedad misma a los intereses del Estado, lo que reproduce prácticas autoritarias, facilita la corrupción y promueve la violencia.
O se reduce la concepción de la sociedad civil a intereses puramente privados, donde los únicos sujetos dignos de consulta, son los que pagan las campañas electorales y, los gobiernos en consecuencia aseguran que los grandes intereses económicos se identifiquen con los de sus políticas públicas.
Este es sin duda un punto álgido, siempre presente en las crisis de representatividad de los partidos políticos y en la legitimidad de las instituciones democráticas.
De otra parte se hace una lectura macartista del mundo de las ONG en particular o del movimiento social o popular en general. Tendencia más grave en el Sur, donde a menudo se les señala como subversivos, en ocasiones incluso se les trata como terroristas, lo que se traduce en prácticas de exterminio y/o persecución o en el mejor de los casos de exclusión.
Esta lectura se realiza de manera más sutil en el Norte, donde se identifica al movimiento asociativo con un sujeto movilizador contestario anti o alterglobalizador, que reivindica ideas ?desuetas? o que sólo critican pero carecerían de vocación propositiva.
También se encuentra una interpretación para la exclusión en la interlocución cuestionando la representatividad de las ONG o del movimiento social. Se les ve no como un facilitador de las decisiones públicas, sino como un ?obstáculo? a la eficacia y eficiencia de la gestión estatal, que prefiere entonces contratar expertos que aseguran dictámenes ?científicos? y más ?fiables? que procesos participativos en los que no se controla el resultado final.
Es posible escuchar también argumentos más ?democráticos? en contra de la idea de involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones públicas, arguyendo que en particular el rol de las ONG es el de ejercer como un contrapoder, que al criticar haría corregir las equivocaciones de la gestión pública, pero al participar de la misma estarían cogobernando y se perdería la esencia que les da vida y que alimenta la democracia.
Este aspecto requiere un mayor espacio de análisis, porque las ONG son bien vistas reemplazando el rol de los Estados en lo que se refiere a la inversión social (escuelas, centros de salud, etc) o incluso garantizando el precio justo al mercado creciente alternativo, en que la tendencia de la privatización de la responsabilidad social del Estado, da un amplio espacio a prácticas que pueden tener un caracter caritativo, pero no político.
Las ONG no pretenden suplantar al Estado o al gobierno en sus responsabilidades políticas, ni cogobernar, pero si tener un margen de influencia en la gestión pública para que el interés general no sea sacrificado en función de intereses privados minoritarios.
Y por último, se considera que hay procesos histórico-institucionales, como los que tienen que ver con la razón de ser de esta ponencia, que representarían a la sociedad civil y que pueden ser consultados, porque se ha preestablecido su rol consultor y, los marcos sobre los que se rige su actuación no da lugar a sorpresas.
Es el caso de la definición de la UE, en la mayor parte de los acuerdos que ha venido firmando en torno a reconocer la participación de la sociedad civil institucionalizada, lo que se traduce en invocar el Comité Económico y Social Europeo ?CESE- , en el que participan patronos, sindicatos y el llamado tercer sector ?cooperativas, ONG, consumidores, etc-. , que ciertamente tiene una legitimidad y que ha contribuido a la integración social europea, en el modelo del estado de bienestar sobre el que se ha construido el proceso de integración.
Reconocemos su importancia, pero no puede ser el único referente de participación para la interlocución de la sociedad civil europea, hay un amplio movimiento asociativo, que no encuentra en los rígidos marcos institucionales establecidos una real capacidad de incidencia en los asuntos públicos de la UE.
Y los gobiernos centroamericanos de su parte invocan al Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano CC-SICA, al que no le han dado mayor importancia, que carece de representatividad, de legitimidad y de recursos, pero al que desde su consagración institucional en el Tratado de Tegucigalpa se invoca que estará compuesto por las ?Fuerzas vivas de la región?.
Sin duda que el CC-SICA es una buena iniciativa, pero requiere profundas transformaciones tanto en su estructura, competencias, participación y financiación. Muchas de las organizaciones sociales que lo integran han perdido sus bases y dejaron de ser las ?fuerzas vivas? que en momentos de auge del interés por la integración tuvieron efectivamente representatividad, algunas de ellas no existen más allá de las siglas que las componen y podrían ser reactivadas artificialmente si se les inyectara recursos de la cooperación para ese propósito.
A quién se convocará al encuentro de Esquipulas? Mejor preguntarnos aún si se realizará dicho encuentro y en caso tal, quien lo financiaría? Participarían los gobiernos? Se dejaría la tarea solamente a la Secretaría General del SICA?.
El proceso de integración Centroamericano es tan rico en expectativas que tenemos la obligación de asimilar o aprender de los errores del pasado para no repetirlos y, evitar el desperdicio de recursos humanos o materiales. Por tanto bien vale la pena que se convoque de manera amplia, a todos los sectores concernidos, políticos, económicos, académicos y sociales a reflexionar previamente sobre el proceso de integración que se quiere y, sobre las mejores estrategias para echarlo a andar.
De otro lado en el acta de la XII Comisión Mixta Centroamérica-Europa del 3 de octubre del 2003, se decidió promover ?la celebración de un encuentro entre los foros regionales de la sociedad civil de ambas partes, el cual podría realizarse al margen de la próxima reunión del Diálogo de San José, en mayo de 2004. Se acordó que el Grupo de Embajadores de Centroamérica y la Comisión darán seguimiento a dicha iniciativa?.
Por otra parte en la última Cumbre del 2003, los Presidentes de Centroamérica se reunieron de nuevo en Belice el 19 de diciembre, en su Declaración Conjunta, manifestaron su decisión de acoger el estudio ?La Integración Centroamericana: Beneficios y Costos?, preparado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y solicitaron a la Secretaría General del SICA, que con base a dicho estudio, realice un amplio proceso de discusión e intercambio de opiniones con los diferentes sectores de la sociedad centroamericana, a efectos de nutrir la dinámica del proceso de la integración regional. La SG-SICA deberá presentar una propuesta en la próxima Reunión Ordinaria del SICA.... Asimismo, instruyeron al BCIE y a SIECA a presentar, en el mismo plazo, un mecanismo de financiamiento para la conformación de un fondo de cohesión social para mitigar posibles impactos derivados de la Unión Aduanera y potenciar sus beneficios?.
Esperamos que para concretar estas iniciativas la voluntad política de los gobiernos se acompañe de compromisos que se cumplen, se requiere de una política integral, una visión de largo plazo y de instrumentos para su efectiva aplicación. El respaldo político a dicho proceso debe manifestarse de manera decidida en el XX aniversario del Diálogo de San José, aprovechando la III Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y de América Latina que se celebrará en México a finales de mayo del 2004.
Debemos destacar en todo caso como un avance positivo la realización del V encuentro del Foro Permanente de Sociedad Civil[22] de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo ?CCAD-, que se celebró en Panamá el 24-25 Noviembre de 2003, que es la instancia de consulta de participación de la sociedad civil que ha tenido una mayor proyección y desarrollo.NOTAS:
® Cumbre Extraordinaria sobre Seguridad Regional, Belice 4 de septiembre de 2003.
® En la página Web de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo puede evaluarse el proceso de participación de la sociedad civil a partir de las propias memorias del Foro Permanente de Sociedad Civil, con un proceso abierto y transparente de críticas y autocríticas sobre su propio rol y propositivo frente a la integración: http://www.ccad.ws/ .
La historia de la integración europea permitiría demostrar que la integración económica ha sido el motor de la integración política, social e institucional. Plausible en todo caso que un continente que ha forjado la historia de la humanidad a su imagen y semejanza, que fue el causante y protagonista principal de las dos guerras mundiales, con un preludio de guerras y barbaridades sin fin, con diferentes lenguas y culturas, decidiera hacer avanzar un proceso de integración que sirve como modelo a otras regiones del mundo.
Resulta ilustrativo destacar que los países desarrollados y la propia UE como conjunto, crecieron sostenidamente protegiendo sus mercados con barreras arancelarias y no arancelarias.
Centroamérica que alcanzó temprano su independencia del imperio español a comienzos del siglo XIX, como el resto de América Latina, mantuvo por algunos años la unidad política en un régimen confederado, para posteriormente fraccionarse en pequeños estados, que no le permitieron tener mayor incidencia en el concierto internacional. El calificativo peyorativo de ?repúblicas bananeras ? deja traslucir una historia de dictaduras, autoritarismo, corrupción, desarticulación social y de intereses foráneos que moldearon en cada país élites serviles, que si no tenían una idea de nación, menos la tendrían respecto a la unidad regional.
Pero Centraomérica convocó el interés de la comunidad internacional, cuando pueblos tradicionalmente oprimidos se alzaron en armas contra los regimenes excluyentes que les gobernaban. La naturaleza estructural de dichos alzamientos se negó por parte de muchos, para explicarlos en el contexto de la guerra fría. No debe negarse sin embargo que el triunfo sandinista en Nicaragua y el desarrollo del FMLN y de la URNG en Guatemala, tuvo amplio apoyo en Europa. Sin embargo sería el apoyo europeo, el que contribuiría decisivamente al proceso de paz en Centroamérica. El respaldo de Europa al proceso de Esquipulas y la profundización del Diálogo de San José contribuirían a abrirle espacios a la democracia y al desarrollo progresivo de un sujeto ciudadano, que no terminan de cuajar.
En el Acuerdo Marco de Cooperación entre la UE y AC de 1993, se destaca el papel de la comunidad europea ?TENIENDO PRESENTES las consecuencias favorables del proceso de modernización, de reformas económicas y de liberalización comercial que han adoptado los Gobiernos de Centroamérica, así como la necesidad de acompañar estas reformas con la promoción de los derechos sociales de los sectores menos favorecidos y convencidos de que la cooperación comunitaria constituye un elemento importante en la eliminación de los problemas de extrema pobreza por los cuales atraviesa la región; CONSCIENTES de la importancia de contribuir a una mayor inserción de Centroamérica en el entorno económico mundial?.
En el mismo acuerdo se reconocerá las asimetrías entre las dos regiones y la necesidad de que la Cooperación europea contribuyera incluso a paliar los efectos negativos de los ?ajustes estructurales? sobre los más desposeidos, vistos como necesarios para que dicha ?inserción económica? en el escenario internacional fuera posible.
Este Acuerdo Marco deja traslucir dos elementos esenciales: la inserción de la región en la economía mundial debería darse a partir de las políticas de liberalización comercial y la integración debería favorecerse saneando las políticas macroeconómicas, que se reforzaría con la adhesión al GATT, la participación en las negociaciones que dieron origen a la OMC, la participación activa en las negociaciones del CAFTA y en las negociaciones tendentes a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La región centroamericana se ha visto impulsada a acelerar su proceso de integración económica, bajo la presión por la apertura total de sus mercados, incluyendo la liberalización de servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la electricidad, etc. El comercio libre se convertiría en la panacea para promover el desarrollo y no lo contrario:
?Según Dani Rodrik, se debe a que en la práctica fomentar el desarrollo y maximizar el comercio son vistos como sinónimos por la OMC y los organismos internacionales de financiamiento, confundiendo los medios con los fines (Rodrik, 2001). Dada la influencia ejercida por esos organismos, no debe extrañar, por lo tanto, que una de las manifestaciones más visibles de la ola más reciente de globalización la constituya precisamente el incremento de la apertura de los países subdesarrollados al comercio exterior y la inversión extranjera.
Las evaluaciones realizadas recientemente señalan, sin embargo, que no existen evidencias convincentes que sugieran que la liberalización comercial esté asociada con el subsiguiente crecimiento económico (Rodríguez y Rodrik, 2001). Llama la atención que entre los nuevos ?globalizadores?, junto a países como México, Chile, Brasil y la India, haya también algunos como China y Vietnam quienes, si bien han introducido reformas de mercado, se encuentran muy lejos de contar con un régimen comercial liberal?[24].
En estas condiciones, el interés de la UE como de los Estados Unidos en el terreno de la cooperación se reduce cada vez más a facilitar el libre comercio. Las preocupaciones por afirmar los Estados de derecho en la región, tienen que ver cada vez menos con las garantías a las libertades públicas ciudadanas y más, con el establecer regímenes jurídicos fiables para los inversiones.
Es importante tener en cuenta que ?los tratados de libre comercio no son buenos ni malos por sí solos. Al igual que cualquier otro marco de políticas públicas, ofrecen oportunidades y riesgos, y, por consiguiente, ganadores y perdedores. En realidad, sus resultados finales dependerán rincipalmente de aspectos tales como: a) el nivel de consulta y participación que tengan los sectores cuyos intereses estén en juego; b) la claridad con la que se definan los objetivos perseguidos; c) la eficacia con la que se negocie; d) la congruencia entre los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos en la negociación; e) la forma cómo se administren los compromisos negociados; y, la coherencia que tenga el Tratado a negociar con la estrategia nacional de desarrollo (si existe) o que se esté impulsando?[25].
Los tratados de libre comercio firmados por la región facilitan o debilitan el proceso de integración regional?.
Más allá del discurso retórico, la integración ha dejado de ser un tema prioritario para los países centroamericanos, su interés principal es el de asegurar ventajas para sus principales empresas en las negociaciones, pero careciendo realmente de una visión regional. Aunque el CAFTA firmado recientemente con los EEUU haya sido presentado como un éxito en el proceso de integración económica regional, la ausencia de transparencia en dichas negociaciones nos deja muchas dudas[26]:
?Con todo, la participación ha sido bastante limitada, además de que han existido señalamientos, incluso por parte de los propios subsectores empresariales, sobre el hermetismo y la falta de transparencia con que son tratadas las posiciones oficiales en ciertos temas y productos considerados claves dentro de la negociación?[27].
La Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo (Iniciativa CID), que aglutina a una diversidad de organizaciones centroamericanas de pequeños productores agropecuarios; micro, pequeña y mediana empresa; organizaciones que trabajan con el sector maquila; sindicatos; universidades; centros de investigación y ONGs promotoras del desarrollo, fueron invitadas a integrarse en el ?cuarto de al lado? y a participar en las reuniones preparatorias de cada ronda de negociaciones del CAFTA.
La Iniciativa CID, propuso un alto en el camino de las negociaciones[28] para:
rediseñar los limitados esquemas de participación que permite el actual proceso de negociación; la Iniciativa CID considera que los espacios de participación utilizados no son serios ni transparentes, debido a que la información que se le proporciona en el cuarto de al lado es demasiado general y no ofrece respuestas ni tratamiento alguno a las propuestas que ha estado formulando;
incorporar en los textos de los acuerdos de cada mesa el principio de asimetría, estableciendo el trato especial y diferenciado que recibirán las partes de menor desarrollo relativo;
realizar estudios de impacto que permitan fundamentar las posiciones de negociación sobre los rubros de mayor interés para las economías centroamericanas; y,
fortalecer las posiciones centroamericanas mediante la elaboración de una estrategia regional de negociación y la consolidación del arancel externo común, ya que además de estar perdiendo las preferencias arancelarias a través del SGP y el CBI como piso de la negociación, se estarían haciendo concesiones anticipadas en áreas claves como inversión, servicios, propiedad intelectual, tema laboral y ambiental (Iniciativa CID, 2003).
De no hacerse el ?alto en el camino?, la Iniciativa CID advierte que se corre el riesgo que TLC con los Estados Unidos traiga más costos que beneficios a los países centroamericanos.
En el informe Sobre Desarrollo Humano en El Salvador 2003, también se destaca que existen sectores que de forma deliberada no participan, porque se oponen rotundamente a las negociaciones de un TLC con los Estados Unidos (SINTI TECHAN, 2003). De acuerdo a estos sectores los TLC ?responden a una enfoque eminentemente mercantil, que ubica el valor superior de las cosas en la ganancia y no en la calidad de vida de la población, ni en la protección del medio ambiente; garantizan absoluta libertad y derechos a los inversionistas extranjeros; limitan a los gobiernos de la región a impulsar estrategias de desarrollo y; entregan la soberanía de nuestros pueblos a manos de las corporaciones transnacionales?.
Estos sectores son de la opinión que el TLC con los Estados Unidos producirá los siguientes resultados:
promoverá la privatización de bienes y servicios públicos;
generará desempleo, especialmente femenino;
obstaculizará aún más la migración hacia Estados Unidos;
destruirá la economía agrícola;
provocará destrucción del medio ambiente y la biodiversidad; y,
aumentará la pobreza y la desigualdad.
A nivel regional se ha desarrollado el Foro Mesoamericano que se opone radicalmente a los acuerdos de libre comercio, en su IV encuentro sostenido en Tegucigalpa, del 21 al 24 de julio de 2003 manifestaron en su declaración:
?Los TLC despoja a los Estados Nacionales de los instrumentos de políticas públicas que les permita desarrollar estrategias nacionales de desarrollo orientadas a crear capacidades competitivas y articulaciones productivas, así como establecer regulaciones a las inversiones extranjeras en función de los objetivos del desarrollo. En este sentido nos pronunciamos por la potenciación de un proyecto nacional fundamentado en principios democráticos, de sustentabilidad y que reduzca las profundas brechas de desigualdad genérica, etárea, étnica, social y geográfica-.
En la construcción de las alternativas mesoamericanas reconocemos la importancia de un sistema de economía solidaria que satisfaga las necesidades humanas, basada en redes de producción y comercialización de productos y servicios comunitarios, que descansan en la organización comunitaria y en el empoderamiento de la población. Propugnamos por un proyecto nacional de desarrollo que genere oportunidades para toda la población, y que contribuya a la contención de los flujos migratorios nacionales e internacionales?[29].
El desafío mayor, sin embargo, consiste en tomar en consideración las opiniones de quienes tienen grandes dudas sobre estos procesos, invitarles a participar activamente hacia una auténtica política de integración articulada a una estrategia regional de desarrollo, capaz de desatar un círculo virtuoso de desarrollo humano y crecimiento económico. Una manera de asegurarlo, es que tanto la integración como los acuerdos de libre comercio se negociaran de la manera más transparente y participativa posible. Lo que no es áun el caso.
No es de extrañar entonces que en el estudio Centroamerica 2020: Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Regional, que contó entre otros con la financiación de la UE se reconozca que la región ha recuperado la estabilidad macroeconómica, las exportaciones dentro y fuera de la región se han diversificado, la alternancia del poder se han convertido en la norma, en tanto que la desmilitarización registra importantes avances, sin embargo se constata que:
?La pobreza es todavía un fenómeno generalizado, la distribución del ingreso y la riqueza sigue siendo inequitativa, y persisten poderosos intereses sectoriales que con frecuencia obstaculizan todo intento por introducir reformas fundamentales. Los sistemas educacionales y de salud de algunos países siguen siendo deficitarios; el medio ambiente está en un estado de extrema precariedad y los estilos de desarrollo de la región áun no se pueden catalogar como sostenibles. La seguridad ciudadana se ha deteriorado ante la ola de violencia y delincuencia que el sistema judicial no ha sido capaz de afrontar con la diligencia necesaria. Por último, las instituciones democráticas aún se encuentras circunscritas por la falta de participación ciudadana y legitimidad popular?.
El estudio agregará que es necesario que se privilegie la integración regional como la respuesta más idónea a la globalización, la necesidad de elevar de manera substancial la inversión en capital social y humano. Por último aborda la necesidad de llegar:
es para la participación efectiva de todos los sectores sociales?el proceso de desarrollo regional requerirá de un tipo de participación ciudadana más amplia (que incorpore a la mujer, a los pueblos originarios y demás grupos tradicionalmente discriminados) y más profunda (que pase de las meras grantías formales respecto de derechos civiles y políticos a una participación activa de la ciudadanía en el ejercicio de tales derechos). Una sociedad donde no se motiva o se obstaculiza la participación ciudadana es una sociedad expuesta a que cualquier acontecimiento inesperado produzca el cercenamiento de los derechos y un retroceso en el desarrollo ?[30].
Podemos finalmente comprender por qué muchas iniciativas sociales y procesos organizativos de la sociedad civil en la región centroamericana de cara a la integración desaparecieron o se encuentran supremamente debilitados. El proceso institucional de integración se ha desarrollado alejado de la realidad de las grandes mayorías y las consultas eventuales a algunos sectores sociales no han tenido eco alguno en las decisiones políticas. Hoy día cuando se invita a reflexiones de esta naturaleza en el marco de este Foro[31], deben reconocer las autoridades políticas de ambas regiones, como lo reconocemos nosotros, que hemos desaprovechado ingentes recursos para hacer viable un modelo de desarrollo sostenible para Centroamérica que aliente el proceso de integración regional.NOTAS:
® Informe PNUD sobre Centroamérica, Capítulo Sobre la Equidad Social.
® Capítulo 5 del Informe PNUD 2003 sobre El Salvador: ?Opciones estratégicas para la inserción a la economía mundial?.
® PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003, Capítulo V, pág. 154.
® Ver el documento adjunto Cafta, Integración y Participación o del Dicho al Hecho ?Hay Mucho Trecho, Constantino Casasbuenas/Oxfam/CIFCA.
® Propuesta de ?moratoria? hecha en el desarrollo de las negociaciones durante la V Ronda de Negociaciones (Tegucigalpa, 16-20 de Junio de 2003) y reiterada luego de la VI Ronda de Negociaciones (Nueva Orleáns, 28 de Julio al 1 de Agosto de 2003).
® Victor Bulmer-Thomas/ A. Douglas Kincaid ? Centroamérica 2020: Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Regional. Hamburg: Institut für Iberoamerika, 2000.
® Foro convocado por la Comisión Europea ?Diálogo con la sociedad civil: Unión Europea-América Central sobre la Integración Regional?, el 29 de enero de 2004.
8. Breve análisis del Programa de la Comisión Europea para para sostener el proceso de Integración Regional en Centroamérica. En primer lugar debemos decir que cualquier apoyo[32] al proceso de Integración Centroamericano debe darse sobre la base de una evaluación de conjunto de las debilidades institucionales, duplicación de iniciativas o tareas, o ausencias que dicho proceso conlleva. Dentro del sistema mismo de la integración se es consciente que dicho proceso debe refundarse sobre la base de un tratado único, con una sola Secretaría General, con instituciones que respondan a las expectativas y necesidades de los pueblos centroamericanos e integrando una verdadera dinámica participativa que le de legitimidad y coherencia al proceso de integración.
La CE ha apoyado también el proceso de integración en la Comunidad Andina, en particular sus aspectos institucionales y el balance es bastante negativo. Qué leccciones la CE ha sacado de dicho proceso? Se han tenido en consideración para este proyecto?.
No es difícil apreciar que este proyecto de la CE no tendrá mayor impacto cuando se centra sobre aspectos más técnicos que políticos del proceso de integración y, particularmente en algunos aspectos económicos o de gestión- El acuerdo de aranceles, la contabilidad, etc-; que puede ser importante para satisfacer las expectativas de funcionarios y consultores, pero que a largo plazo no significará que se supere el déficit democrático y social con el que se adelanta el proceso de integración.
Aunque en el proyecto se plantea mejorar las capacidades de las principales instituciones de la integración (SG-SICA, CCJ, PARLACEN y el CC-SICA) , la real incidencia se daría al contrario, no de arriba hacia abajo como está planteado, pero contando con todos los actores políticos, académicos, sociales de la región para diseñar las estrategias que se correspondan.
Lo afirmado se ve de mejor manera cuando se analizan los resultados esperados ( 1.6 de las Disposiciones Técnicas y Administrativas ?DTA?S-) en el fortalecimiento de la capacidad para sugerir estrategias, planes y propuestas sobre cuáles son los objetivos, cuáles las prioridades, en últimas en qué perspectiva se proponen las reformas de las instituciones? Se quiere abarcar demasiado con formulaciones vagas, lo que constituye una gran debilidad en la formulación.
Lo mismo podemos decir respeto a las actividades previtas para el proyecto (1.7), cuál es la sostenibilidad de las mismas? Qué se espera del intercambio de experiencias entre instituciones de la integración europeas y centroamericanas?.
Otro punto que nos preocupa es el ?The linking of organisations from civil society with the process? (4 de los DTA?S): A quién consideran como los agentes reales? A ?broad concept of civil society?? Los agentes reales mencionados serían los agentes de la integración económica.
Podríamos entonces concluir que para la CE en este proyecto la sociedad civil se reduce a los agentes económicos? Dónde quedan las organizaciones sociales? Dónde las instituciones de docencia? Dónde las organizaciones que promueven la cultura? Las que promueven los derechos humanos? Las que defienden los pueblos indígenas? Las de las mujeres y las de los jóvenes? Dónde las ONG?.
Y cuando se menciona a estos últimos ?As a complementary measure? que representaría a los sectores excluidos -mujeres, jóvenes e indígenas, como eventuales sujetos de apoyo? Qué significa el ?will be supporte?? Con qué actividades, con qué medios, con qué prioridades, con qué estrategias?.
Nos preguntamos además por qué lineas que han orientado la cooperación de la UE con AC, como la lucha contra la pobreza, los derechos humanos y los principios democráticos no se mencionan en absoluto como prioridades para la integración?.
Se menciona el fortalecimiento del CC-SICA proveyendo asistencia de expertos en el diseño y ejecución de un plan de acción ?para ampliar e incrementar los organismos de representación y unirlos con actores reales?, también para ayudarles a desarrollar capacidades de análisis y propuestas.
Este es un punto bastante delicado y complejo, que no se aborda en la debida forma. La CE conoce la ausencia de legitmidad de muchas de las organizaciones de caracter regional que integran el CC-SICA y a través de expertos quiere mejorar su representatividad y ?as well as developing capacities for analysis and proposals? . Es que acaso han estudiado y conocen las propuestas de las sociedad civil formuladas a lo largo de estos años para generar un ?proceso de integración incluyente??.
De otra parte nos preguntamos si siquiera este aspecto del proyecto fue adecuadamente consultado con las organizaciones que integran el CC-SICA, en la que muchos de sus representantes por sus luchas y experiencias en la región tendrían cómo aportar para mejorar los propios análisis y propuestas de la CE.
En realidad lo que deje ver el proyecto es que el interés mayor se centra en identificar a la sociedad civil con los agentes económicos, el sector privado se asimila con dicho concepto lo que facilitaría la ?participación social?. No podemos dejar de preguntarnos, si los políticos centroamericanos son también empresarios, en últimas este tipo de proyectos tendrá ciertamente utilidad para darle mayor perspectiva a sus negocios. Así se entiende la integración de Centroamérica en la economía mundial?.NOTAS:
® ?Support Program for Central American Integration?, project number ALA/B7-3100/ 2003/5754 .
